El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha presidido este sábado la firma del nuevo convenio de carreteras con Canarias, que aportará 1.200 millones de euros para la construcción de nuevas carreteras, donde ha destacado el compromiso del Gobierno con las vías del archipiélago, mientras que el vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha dicho que las islas no renunciarán a los 300 millones que reclaman por las partidas no abonadas en los años anteriores.
En este sentido, para Ábalos, este convenio --firmado por el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, y el vicepresidente canario-- "es un ejemplo de colaboración entre administraciones y abre a Canarias un horizonte para realizar infraestructuras".
Por su parte, el ministro hizo mención al antecedente del convenio suscrito en 2006, y que tuvo dos adendas (2009 y 2017), por el cual la Administración General del Estado se comprometía a financiar determinadas infraestructuras viarias en Canarias, hasta un importe máximo de 2.437 millones.
Aquí, recordó que el Gobierno anterior lo incumplió, "aunque este Gobierno asume la responsabilidad, como Gobierno de España, en su papel de Estado, de que tiene que dar una respuesta". "Nosotros cumplimos, pese a los incumplimientos del Gobierno anterior", manifestó.
CONVENIO POR 1.200 MILLONES HASTA 2025
El nuevo convenio supone la aportación de 1.200 millones de euros del Gobierno de España a la construcción de nuevas carreteras en las islas hasta el año 2025, que serán transferidos por parte del Ministerio de Fomento, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional centésima cuadragésima tercera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
De esta manera, las carreteras serán las que determine el Gobierno de la Comunidad Autónoma, por ser quien ostenta la competencia en esta materia
Las anualidades consignadas en el texto del acuerdo se van incrementando anualmente, desde los 60 millones a abonar en 2018 hasta los 250 millones a pagar en 2025.
Además, será responsabilidad del Gobierno de Canarias justificar antes del 31 de octubre de cada anualidad de vigencia del convenio, las obras ejecutadas y las expropiaciones practicadas, en su caso, para poder percibir la totalidad de las cantidades consignadas en cada ejercicio.
En todo caso, si, por el contrario, no se pudieran justificar la integridad de los importes, los remanentes se podrán incorporar como remanentes al año siguiente, siempre que así esté previsto en la correspondiente Ley.
RODRÍGUEZ: "NO VAMOS A RENUNCIAR NI A UN SOLO EURO"
Pablo Rodríguez, por su parte, hizo especial hincapié en que se trata de un convenio "muy importante para Canarias porque garantiza el comienzo de obra nueva".
"Sin embargo --continuó--, no vamos a renunciar ni a un solo euro que nos corresponde de forma legítima y vamos a trabajar para que se ejecuten las sentencias del TS que han estimado los recursos contenciosos administrativos interpuestos por el Gobierno canario frente al incumplimiento del Ministerio de Fomento que declaran la obligación de la Administración General del Estado de transferir a la comunidad autónoma las cantidades comprometidas en el convenio de carreteras entre 2012 y 2017, incrementadas con los intereses legales correspondientes, un total de 945.549.761,71 euros".
De esta cifra, Hacienda reconoce obras por valor de 600 millones de euros, mientras que el Ejecutivo regional exige que se le abone la totalidad del dinero.
Respecto al convenio, el vicepresidente comentó que la firma de este convenio es una buena noticia para Canarias porque solo los cuatro grandes proyectos de la segunda fase de la carretera de La Aldea, el cierre del Anillo Insular de Tenerife, la vía La Caldereta-Corralejo en Fuerteventura, y los Llanos-Tijarafe en La Palma, generarán 8.400 puestos de trabajo, "lo que supone más del 40% de los desempleados del sector de la construcción".
"El Gobierno de Canarias ha firmado este documento porque es necesario para ejecutar obras que son estratégicas y claves para la movilidad de las islas, pero no hemos firmado la adenda ni el acuerdo extrajudicial porque no recoge la deuda al completo del anterior convenio", dijo.
Finalmente, añadió que "el Gobierno de Canarias no va a renunciar a un derecho reconocido por sentencia y va hacer todo lo posible para que los canarios tengan lo que les corresponde por justicia. En las próximas semanas los dos gobiernos mantendremos contactos para tratar de encontrar una fórmula para ejecutar la sentencia".
