La provincia de Jaén cuenta con un total de 35.376 empleados públicos, de los que 3.792 corresponden la Administración estatal, 19.665 a la autonómica (Junta de Andalucía), 10.483 de la local (Diputación y ayuntamientos) y 1.436 de la Universidad (UJA), según los datos aportados ayer por la Subdelegación del Gobierno. La Junta concentra pues el 55,5% del total de los trabajadores públicos, frente al 29,6% de los entes locales, el 10,7% del Estado y un 4% la Universidad. Con todo, la provincia jienense ha perdido en apenas una década más de 5.700 empleados públicos, ya que a principios de la actual década (2010) el empleo total de todas las Administraciones ascendía a 41.102. La subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, valoró ayer que estos más de 35.000 empleados de las Administraciones Públicas se beneficiarán en la provincia de la subida salarial aprobada por el Ejecutivo central en el Consejo de Ministros del pasado viernes celebrado en Barcelona. En concreto, el Real Decreto-ley de medidas urgentes sobre retribuciones en el sector público implica una subida salarial para los dos millones y medio de empleados de las tres administraciones -estatal, autonómica y local- y Universidad, a partir del 1 de enero.
En el caso de la provincia jienense, 35.376 trabajadores se beneficiarán de esta subida que se hará efectiva desde el 1 de enero. “Con esta subida el Gobierno de España reconoce el gran esfuerzo que los empleados públicos hicieron durante la crisis, su dedicación, su profesionalidad y vocación de servicio público”, destacó ayer en un comunicado la subdelegada del Gobierno central en Jaén. Este Real Decreto-ley de medidas urgentes sobre retribuciones en el sector público, aprobado en el pasado Consejo de Ministros del día 21, establece una subida fija del 2,25 por ciento para todos los empleados públicos, a la que se podría sumar hasta otro 0,25 por ciento de retribución variable, cuyo porcentaje exacto se determinará por la evolución del PIB. Además, se destina otro 0,25 por ciento de fondos adicionales para la mejora de la productividad, cuyo reparto está sujeto a la negociación de las organizaciones sindicales con cada administración. Estos incrementos cumplen el compromiso contraído con los sindicatos para mejorar las condiciones laborales y retributivas de los empleados.
