Según informó ayer la Casa Blanca en un escueto comunicado, Obama suscribió el pasado viernes un memorándum a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y el secretario del Tesoro, Tim Geithner, en el que afirma que “determino que la continuación durante un año de estas medidas referentes a Cuba conviene a los intereses nacionales de Estados Unidos”.
La renovación de esa ley, que prohíbe que las empresas estadounidenses puedan hacer negocios con la isla, tiene carácter rutinario y los presidentes anteriores la habían venido prorrogando anualmente. La última extensión expiraba ayer.
Aunque la iniciativa anunciada ya se esperaba, su alcance cuenta con una fuerte carga simbólica: con ella Obama, que ha iniciado un cierto acercamiento a la isla con una serie de medidas, continúa la política de embargo de sus predecesores.
La ley contra el Comercio con el Enemigo, que data de 1917 y se aprobó con vistas a la entrada de EEUU en la Primera Guerra Mundial, prohíbe que las empresas estadounidenses comercien con países hostiles.
Fue la que se utilizó en 1963 para imponer el embargo económico contra Cuba.
Su importancia hoy día, no obstante, es más simbólica que real por cuanto el embargo ha sido expandido y reforzado en otras leyes estadounidenses, como la ley Torricelli, de 1992 y que impide el envío de alimentos a Cuba –con la excepción de ayuda humanitaria– o la Helms Burton, de 1996.
En particular, la ley Helms Burton especifica entre otras cosas que el embargo no podrá levantarse en tanto un miembro de la familia Castro continúe en el poder en Cuba.
