La Fiscalía de Almería ha solicitado penas de 18 meses de prisión y de dos años de inhabilitación especial a una médico del complejo hospitalario de Torrecárdenas de la capital a la que acusa de un "error diagnóstico" que provocó que un paciente de 34 años quedase en estado vegetativo.
La facultativa se enfrenta, asimismo, al pago de 931.980 euros por responsabilidad civil aunque el Ministerio Público señala como responsable civil subsidiario en caso de impago por parte de la acusada al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a su aseguradora.
El Ministerio Público indica en su escrito de calificación provisional, consultado por Europa Press, que I.S.R.M. incurrió en un presunto delito de lesiones imprudentes ya que, si no hubiese cometido el error en el diagnóstico del paciente, "hubiese evitado las complicaciones que derivan del coma etílico" que sufrió la víctima.
Según relata, el joven de 34 años fue trasladado en ambulancia a las 08,30 horas del 24 de abril de 2014 al complejo hospitalario de Torrecárdenas de Almería, donde fue atendido por "intoxicación etílica" en el Servicio de Urgencias por la médica que va a ser enjuiciada.
I.S.R.M. lo evaluó e hizo constar en la exploración que el paciente "se encontraba dormido y que respondía a estímulos dolorosos", por lo que le administró como tratamiento vitamina B por vía intramuscular además de decidir que quedase en la sala de espera de urgencias junto al amigo que le acompañaba.
A las 12,00 horas, la acusada "volvió a explorarlo" e indicó, al igual que la primera vez, que se "encontraba dormido y que respondía a estímulos dolorosos", pero, "al poco tiempo", el joven sufrió una parada cardiorrespiratoria "siendo ingresado en la UCI sobre las 13,30 horas hasta el 7 de mayo, día en el que fue trasladado al servicio de Medicina Interna".
El paciente recibió el alta el 15 de mayo de ese año con el diagnóstico de intoxicación etílica, parada cardiorrespiratoria, y encefalopatía anóxica, además de un grado "total" de dependencia para las actividades de la vida diaria, "presentando tetraparesia y necesitando sonda nasogástrica para alimentación y traqueostomía para oxigenoterapia".
Como consecuencia, según remarca el fiscal, tiene reconocido un grado de discapacidad del 93 por ciento y ha sido declarado "incapaz total" en vía judicial para "regir sus persona y sus bienes, con rehabilitación de la patria potestad a sus progenitores, con quienes convive en su domicilio".
Para el Ministerio Público, I.S.R.M. no hizo "una valoración precisa del estado de conciencia" del paciente cuando ingreso en el Servicio de Urgencias e instauró el tratamiento para una intoxicación etílica "no complicada y no el indicado para un cuadro de coma etílico, que conlleva el ingreso en observación hospitalaria para una vigilancia estrecha del mismo".
Así, concluye que incurrió en un "error de diagnóstico" que, en el presente caso según destaca, "hubiese evitado las complicaciones que derivaron del coma etílico" que sufrió el joven.
El fiscal desgrana la responsabilidad civil en 350.000 euros por las secuelas, 380.000 euros por la incapacidad, 80.000 euros por daños morales complementarios y 120.000 euros de indemnización a los progenitores. A esto suma 1.980 euros por los días que estuvo hospitalizado.
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