El responsable institucional del EBB del PNV, Koldo Mediavilla, cree que "el conflicto" entre el Estado y Cataluña "seguirá en carne viva y con sufrimiento" después del juicio contra doce dirigentes independentistas catalanes. Además, ha destacado "la endeblez" de las tesis acusadoras por "la bochornosa instrucción" del juez Pablo Llarena, y considera que el Tribunal Supremo tendrá difícil determinar que hubo rebelión o sedición.
En una entrada en su blog, recogida por Europa Press, Mediavilla ha afirmado que el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo es uno de los procedimientos judiciales más relevantes de los últimos años por "la gravedad de las imputaciones y de las penas solicitadas contra los dirigentes catalanes: rebelión, sedición, malversación y desobediencia".
A su juicio, la vista oral "también pone a prueba a la justicia española frente al derecho internacional y especialmente el comunitario europeo". Asimismo, ha remarcado que "la acción penal es la consecuencia descarnada del rotundo fracaso de la representación política".
El dirigente jeltzale ha recordado que este juicio coincide "con un insoportable clima de tensión entre partidos en el que la confrontación, el enfrentamiento y el choque permanente se suceden en un escenario electoral en el que buscar soluciones a los problemas no importa". "Solo interesa provocar al adversario, desacreditarlo, aunque sea a través de la mentira o la injuria", ha asegurado.
Koldo Mediavilla ha señalado que "el transcurrir de los interrogatorios y la falta de solidez en los argumentos de la acusación hacen pensar" que la consistencia del supuesto delito de rebelión "se ha diluido como un azucarillo en agua caliente".
"La actuación de los fiscales, penosa en algunos momentos, su falta de evidencias constatables para demostrar actos de violencia, constata la enorme dificultad que el Tribunal presidido por el juez Marchena va a tener para dictaminar, no ya la rebelión, sino la sedición que, en segunda derivada, acusa la Abogacía del Estado", ha considerado.
También ha recordado que, a petición de las defensas, el Gobierno central ha remitido al Tribunal Supremo unas certificaciones "que acreditan que, ni el ejecutivo de Mariano Rajoy ni el Consejo de Seguridad Nacional, abordaron nunca la posibilidad de aplicar la Ley de Estado de Sitio y la Ley de Seguridad Nacional ante la situación en Catalunya tras la convocatoria del referéndum del 1 de octubre de 2017".
"Lo que subyace de la endeblez de las tesis acusadoras es la bochornosa instrucción del sumario llevada a cabo por el juez Llarena, una instrucción monitorizada por un informe de la Guardia Civil, cuyas lagunas fueron puestas en evidencia, entre otras instancias, por el auto del tribunal alemán de Schleswig-Holstein", ha añadido, en alusión a la resolución en la que denegaba la orden de detención contra Carles Puigdemont.
El tribunal alemán negó que hubiera indicios de rebelión o "traición al Estado", y consideró que "hay razones suficientes para creer que los actos concretos constituyen actos delictivos, pero de otro orden". "¿Dónde estaba la rebelión armada? ¿Cómo se subvirtió el orden constitucional?", ha preguntado Mediavilla, para apuntar que, "de lo declarado hasta ahora en sede judicial, nada de esto se ha probado". "A lo sumo puede interpretarse que los acusados podrían haber cometido presuntamente un delito de desobediencia. Así lo habrían reconocido implícitamente", ha manifestado.
FELIPE VI
El responsable institucional del PNV ha destacado que el rey Felipe VI, jefe del Estado, "ha vuelto a desatender sus funciones constitucionales de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones", en consonancia con "su desafortunada" intervención pública del 3 de octubre.
"El pasado miércoles y escoltado por Felipe González, el rey de los españoles volvió a incidir en que 'sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia y que, 'Sin el derecho, no puede hacerse nada, nada que sea legítimo, duradero, racional y seguro'", ha recordado.
Koldo Mediavilla ha dicho que el monarca "nada dijo en relación a que la legalidad no debe contraponerse ni elevarse por encima del ejercicio de la voluntad popular". "Perseverar en el combate de 'legalidad versus legitimidad' no soluciona el problema. Al contrario, lo agrava", ha afirmado.
Según ha precisado, "en los países autoritarios también hay una legalidad que ha de cumplirse, pero ello no significa que esa legalidad sea justa ni garantía de nada". "Carrero Blanco también se sostuvo en su 'legalidad', como Petain, Breznev o cualquier dictador. La legalidad debe ponerse en contexto con otros principios que son los que la rigen e interpretan, conceptos tales como la libertad de expresión o la participación ciudadana, de democracia en definitiva", ha apuntado.
Por ello, ha abogado por que, "cuando tales principios apunten a un sentir mayoritario tendente al cambio, deberían dar cauce a una adecuación del marco jurídico para hacerlo posible".
"El juicio continúa. Su resolución no servirá, previsiblemente para nada, salvo para enquistar aún más la coyuntura. El conflicto entre el Estado y Catalunya sigue y seguirá ahí en carne viva y con sufrimiento. Con un juicio que nunca debió producirse y que nadie sabe cómo acabará", ha indicado.
A su entender, "nada parece tener solución, y lo que es más grave, nadie parece quererla: los unos negando el diálogo y los otros impidiéndolo con condiciones imposibles. Unos amenazan con un 155 permanente, con la suspensión de la autonomía y, a otros, el miedo a equivocarse les atenaza. De fracaso en fracaso hasta el fracaso final. En verdad, dan ganas de preguntar en voz alta, ¿hay alguien ahí?", ha subrayado, para emplazar a no "desesperarse". "No desesperemos, confiemos en la inteligencia y en el diálogo. No queda otra", ha concluido.
