Después de que el pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobase inicialmente, con el voto a favor de PSOE y PP, la abstención de Cs y el rechazo de Participa e IU, la recalificación de la antigua comisaría de la Gavidia para que el edificio admita usos terciarios, la junta local de gobierno celebra el próximo lunes una reunión en la que figura un "acuerdo relativo a la enajenación" del inmueble, según figura en el orden del día, recogido por Europa Press.
Mientras el Gobierno local socialista defiende que el edificio no será ofertado "al mejor postor" y que en su adjudicación a una empresa primará la cesión de espacios al Ayuntamiento, pues la calificación terciaria admite oficinas, un hotel, equipamientos, pequeños comercios o un uso sociocultural, la mencionada recalificación ha sido objeto de alegaciones por parte de IU o de la plataforma ciudadana que defiende que el edificio conserve sus usos públicos.
Y es que según ambas entidades, en el casco histórico "hace falta escuelas infantiles, colegios e institutos de FP públicos, un espacio de uso para las mujeres o un centro de día para mayores, entre otros equipamientos públicos.
Precisamente por ello, por cierto, el actual planeamiento urbano califica el edificio como suelo de Interés Público y Social, extremo que pretende modificar la recalificación promovida por el Gobierno local del PSOE con el apoyo del PP, al objeto de que la antigua comisaría, de titularidad municipal, acoja desde oficinas a un hotel, equipamientos, pequeños comercios o usos socioculturales.
Y mientras la Junta de Andalucía incoó el pasado 11 de enero el procedimiento para la inscripción de dicho edificio en su Inventario de Lugares de Memoria Democrática, por su papel como centro de represión del periodo tardío de la dictadura franquista, los activistas de la mencionada plataforma recuerdan "el valor de la memoria histórica de este espacio, por donde pasaron centenares de mujeres y hombres antifranquistas que fueron torturados por defender los valores democráticos".
LA GAVIDIA
El inmueble se localiza en pleno centro neurálgico de Sevilla y después de funcionar durante décadas como comisaría de la Policía Nacional, fue cerrado en 2003 y después cedido al Ayuntamiento.
Desde entonces, el Consistorio ha intentado varias veces vender el inmueble, aunque siempre sin éxito. En el pasado mandato, el entonces gobierno local del PP promovió de hecho una primera modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para reclasificar el edificio de suelo de interés público y social (SPIS) a suelo de gran superficie comercial, si bien al arrancar el actual mandato y recuperar el PSOE el poder, el Ayuntamiento desistió de completar dicha operación para decidir qué uso dar al edificio.
Para ello, sobre la mesa han pesado distintas propuestas para destinar el edificio a un hotel, un espacio de salud y deporte, un centro de investigación y emprendimiento universitario, un espacio socio cultural o un enclave dedicado a la memoria histórica.
En cualquier caso, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno local del PSOE y el Grupo popular del Ayuntamiento para que los populares se abstuviesen en la votación del proyecto presupuestario de 2018 incluía el compromiso de promover una nueva recalificación del edificio, para que el mismo admita usos terciarios y ofrecer de nuevo el inmueble al sector privado, como así está sucediendo.
