La plataforma antivados ha cumplido su amenaza y ha llevado al Ayuntamiento de Jerez y a la Diputación provincial de Cádiz a los tribunales por el conflicto de los vados. Según apuntan desde el colectivo, el abogado que representa a las casi 400 familias afectadas ya ha presentado de forma individual las distintas demandas. En ellas cuestionan el procedimiento empleado para cobrar a los vecinos los vados de sus calles residenciales hace más de una década, que ven “ilegal”, obligándoles a abonar el coste con una retroactividad de hasta cuatro y cinco años.
El colectivo, que en en esta localidad representa a casi 400 familias (El Pinar, La Marquesa, Villa del Este, etc.), ha tomado esta determinación después de una larga lucha e intentos de negociación en vano con ambas administraciones. Tal y como expusieron desde la plataforma a este medio, su último intento para tratar de llegar a un acuerdo fue en septiembre, cuando reclamaron las cantidades al Ayuntamiento, optando la Administración local por el silencio administrativo. El colectivo tiene claro que la responsabilidad en este asunto es de ambas instituciones, por haber un convenio de por medio y por ser la Administración local responsable subsidiaria de estos cobros, que ascienden a una media de 500 euros por familia. Unas cantidades que muchas han pagado vía embargo, fraccionando, o en un único pago y que ahora confían en poder recuperar.
A su favor tienen que al menos cuatro sentencias por casos similares en Sanlúcar de Barrameda e incluso en Jerez que dan la razón a los vecinos afectados. Una jurisprudencia que es otra de las garantías que avalan a estas demandas, por lo que esperan confiados a que el proceso tenga recorrido.
