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Sábado 16/11/2024
 
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Huelva

El exdelegado de SUP en Huelva niega las acusaciones por acoso

El juicio no se ha podido terminar ante la imposibilidad de dos testigos y un perito de prestar declaración y proseguirá el día 29

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  • Policía Nacional. -

El ex secretario provincial del Sindicato Unificado de Policía en Huelva F.G.M. ha negado este martes que acosara al inspector jefe del Servicio de Atención a la Familia (SAF) desde febrero del 2010 tras detener éste último a varios agentes por violencia machista.

Lo ha hecho durante su declaración en el juicio celebrado este martes en el Juzgado de lo Penal 3 de Huelva y a respuestas únicamente de su abogado y de la Fiscalía, ya que se ha negado a responder a las de la acusación particular, han informado a Efe fuentes jurídicas.

En este sentido, ha rechazado que en febrero del 2010, cuando era secretario general del SUP en Huelva, ejerciera una conducta "incesante de acoso y derribo" de la persona y la labor profesional del que era inspector jefe del Servicio de Atención a la Familia y Delitos Violentos (SAF/UDEV) de Huelva, después de que se practicara la detención de policías implicados en delitos relacionados con violencia sobre la mujer.

El juicio no se ha podido terminar ante la imposibilidad de dos testigos y un perito de prestar declaración, quedando fijadas estas últimas pruebas para el próximo 29 de marzo.

En la causa sólo ejerce la acusación el perjudicado, ya que la Fiscalía presentó escrito de conclusiones absolutorias al no advertir indicios de culpabilidad suficientes.

Esta parte lo considera responsable de un delito continuado contra la integridad moral, o subsidiariamente un delito de coacciones continuadas; de un delito de calumnia contra funcionario en el ejercicio de su cargo y otro continuado de injurias graves con publicidad contra funcionario en el ejercicio de su cargo, por los que solicitan seis años de cárcel y el pago de una multa de más de 5.000 euros.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación pide una indemnización de 750.000 euros, a pagar, solidariamente entre el acusado, el Sindicato Unificado de Policía y a la Dirección General de la Policía.

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