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Sábado 16/11/2024
 

Jerez

Juárez confía en la justicia para el caso de los contratos

Acusa al PSOE linense de buscar ?una pena de banquillo a toda costa contra mí?

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  • El primer edil espera que la vista se celebre pronto para demostrar la normalidad del asunto
El alcalde, Juan Carlos Juárez, describió ayer de “un lógico paso procedimental” el auto dictado por el juzgado de instrucción en referencia al tema de los contratos. “Espero que cuanto antes la vista se lleve a cabo para demostrar y hacer ver la normalidad de este asunto”.

Consideró también lógico que en ese paso del procedimiento, en el que el juzgado pidió las calificaciones a las partes, “la fiscalía contemple, en su propia esencia de trabajo, culpabilidad en cualquier cosa. Y la acusación particular es más de lo mismo. Por tanto es normal que desee la citación para la vista y podamos aportar en ese instante todos los argumentos que consideramos necesarios exponer a quien juzga, no a quien instruye”.

Hizo ver el alcalde su “absoluto respeto a la justicia, lo que sin embargo echo en falta a los responsables políticos del PSOE, quienes buscan desde que llegué a La Línea mi condena por cualquier motivo”.

Añadió que “estos mismos personajes, que no tienen escrúpulos para esperar el fallo judicial último, son los que han estado callados cuando la fiscalía pidió condena para el ex alcalde de Los Barrios, Alonso Rojas, y fueron los que también se quedaron callados tras rechazar la Audiencia Provincial el recurso presentado por ese alto cargo del PSOE gaditano. De eso no hablaron ni hablan. Buscan una pena de banquillo a toda costa contra mí”.

Recordar que ayer se daba a conocer que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Línea dictó un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral contra el alcalde linense, Juan Carlos Juárez (PP), y los ediles Manuel Aguilera, Vicente Lara, Alfonso González y Gabriel García por un presunto delito continuado de prevaricación por un caso de contratación supuestamente irregular realizada en el Ayuntamiento en 1999.

La Fiscalía imputa un delito continuado de prevaricación, por lo que solicita una condena de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público durante el tiempo de diez años. Por su parte, las acusaciones personadas en el caso, ejercidas por José Carrión y por el edil socialista Miguel Tornay, piden, además del delito de prevaricación, la imputación de un delito de malversación de caudales públicos y otro contra los derechos fundamentales.

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