Piden cárcel por quedarse 665.000 € del proyecto minero de Riotinto

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto juzgar este lunes a tres personas acusadas de haberse apropiado de 665.000 euros que la empresa chipriota Emed Mining aportó en 2007 para financiar su participación en el Proyecto Industrial Minas de Riotinto (Huelva).

La Fiscalía solicita 2 años de prisión para C.E.R.C., administrador y apoderado de Inmoinversión Eurogroup S.L. (IEG), y L.A.F. y L.A.B., nombrados por el anterior como administradores mancomunados de Mantesur Andévalo S.L. (MSA), por un delito societario y otro de apropiación indebida.

El Ministerio Público también pide que los encausados paguen una multa de 665.718,91 euros y una indemnización por la misma cantidad para la sociedad perjudicada, Emed Mining Public Limited, y su filial española, Emed Tartessus, que años después explotaron la mina bajo la denominación de Atalaya Mining hasta que el Tribunal Supremo anuló la autorización ambiental el pasado abril.

Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, los acusados "acordaron apoderarse en su propio beneficio de parte de los fondos" con que la entidad chipriota pensaba financiar su participación en la futura apertura de la mina onubense, de acuerdo con un contrato que la obligaba a aportar 250.000 euros al mes a MSA a partir del 4 de mayo de 2007.

Según lo firmado, ese dinero se debía destinar "exclusivamente" al cuidado y mantenimiento de la maquinaria y las instalaciones pertenecientes a una sociedad participada al 51 % por Emed Tartessus y al 49 % por MSA para controlar el proyecto.

Los acusados, en cambio, dedicaron parte de los fondos, en concreto 251.608,95 euros, a "simular pagos de prestaciones y gastos que afirmaban necesarios" para el proyecto pero que en realidad "respondían a gastos y deudas exclusivas" de ellos, sobre todo con "diferentes despachos de abogados" que habían contratado para impugnar acuerdos sociales de MSA y así acceder a su gobierno.

A esa cantidad hay que sumar otros 404.141,01 euros de facturas de 2005 que el consejo de administración de MSA "se negó a abonar por considerar que no respondían a servicios realizados" pero que los acusados pagaron con fondos de Emed cuando se encargaron de la administración de la sociedad.

En sendas sentencias del 27 de noviembre de 2007 y 8 de febrero de 2008, la Audiencia de Sevilla revocó las resoluciones de un juzgado de lo Mercantil sobre la impugnación de acuerdos sociales de MSA que permitió a los acusados acceder a su consejo de administración, por lo que todos cesaron en sus cargos en junio de 2008.