El secretario general del PSOE onubense, Ignacio Caraballo, ha reprochado a la Junta de Andalucía que presente unos Presupuestos para 2019 en los que "se ensaña directamente" con Huelva y en los que esta provincia es "la última en inversión".
Caraballo ha apuntado que ésta provincia es "la que menos inversión recibe con 96,6 millones de euros", algo que "demuestra que cuando gobierna la derecha le va mal a nuestra tierra", según recoge el PSOE en una nota de prensa.
En esta línea, ha calificado de "despropósito" que "Huelva sea la última provincia en inversión" y ha señalado que con estos Presupuestos "el Gobierno de la derecha frena las aspiraciones de los onubenses y no deja avanzar".
Al mismo tiempo, ha lamentado que Huelva pierda así "la poca esperanza que albergaba para verse beneficiada por alguna inversión de calado" y ha señalado que "la única subida, de una décima, que tiene esta provincia es la de los impuestos", porque "la bajada de impuestos a los más ricos la va a pagar la clase media y trabajadora".
Para el máximo dirigente de los socialistas onubenses, estas cuentas dejan patente que "el empleo ha dejado de ser una prioridad para el Gobierno andaluz", ya que hay un recorte del 15% en las partidas dirigidas a la creación de empleo, un hecho que, a su juicio, muestra cómo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "mintió en la campaña electoral" cuando prometió 600.000 empleos en esta comunidad en cuatro años si la previsión presupuestaria es crear 60.000 empleos este año, mientras que el Gobierno de Susana Díaz "creó 550.000 empleos en cuatro años".
Del mismo modo, ha especificado que caen las inversiones públicas, pues "prácticamente desaparecen, y ha llamado la atención por el "brutal recorte" en inversiones sanitarias, lo que denota que "el Gobierno de la derecha aboga por aumentar el negocio de la sanidad privada a costa del sistema público andaluz de salud y del dinero de todos".
Por último, ha señalado que con carácter general en estos Presupuestos "se mezclan inversiones con transferencias a familias e instituciones", lo que indica que "quieren enmascararlas como inversiones directas de la administración, cuando realmente no lo son".
