La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) ha presentado "una reclamación formal ante la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico" de la Junta de Andalucía y una queja ante "el Defensor del Pueblo Andaluz" contra la pretensión del gobierno municipal de PP y Cs de reinstaurar nombres franquistas para calles de Córdoba.
En este sentido y en un comunicado, la citada asociación memorialista ha recordado que "la providencia" que aprobará la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) "para la restauración de los antiguos nombres" de Cruz Conde, Vallellano y Cañero, en sustitución de los de "calle Foro Romano, Avenida del Flamenco y Plaza de los Derechos Humanos", respectivamente, "atenta directamente contra las leyes de Memoria Histórica y, por ende, contra las víctimas a las que estas protegen".
De este modo, en los escritos que ha dirigido Aremehisa a la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, y al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, insta a ambos "a asumir su obligación de cumplir y de velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente y a paralizar de inmediato la citada providencia, que incumple los artículos 15.1 y 32 de las leyes de Memoria Histórica estatal de 2007 y andaluza de 2017, respectivamente".
Además, Aremehisa ha demandado "la supresión de todos los símbolos franquistas que todavía perviven en la ciudad de Córdoba, muchos de ellos recogidos en el dictamen final de la Comisión Municipal de Memoria Histórica creada en el anterior mandato".
También exige la asociación memorialista "la supresión de los títulos honoríficos otorgados a militares golpistas", tal y como Aremehisa ya reclamó en 2018, advirtiendo que "la presencia de este tipo de elementos en espacios públicos e instituciones pone en tela de juicio nuestros valores y principios democráticos y supone un grave perjuicio para la memoria de las víctimas de la represión y dictadura franquistas y para la educación de las generaciones venideras".
Finalmente, Aremehisa ha trasladado, tanto a Del Pozo, como a Maeztu, que tomará "las medidas legales pertinentes para que el Ayuntamiento de Córdoba sea garante del ordenamiento jurídico vigente, en defensa de la libertad democrática y de los derechos de Verdad, Justicia, Reparación y Dignificación de las víctimas del franquismo".
