Están hartos, muy hartos. Los perjudicados por el incendio que arrasó 10.340 hectáreas en el entorno de Doñana en 2017 están cansados de esperar la llegada del juicio que permita fijar las responsabilidades en el origen del fuego y haga posible que se les compensen los daños sufridos.
“Están desperados”, admite Pablo Gastalver, abogado de más de una treintena de estos perjudicados, porque más de dos años después no han recibido ninguna ayuda que les permita afrontar los perjuicios sufridos en la tragedia forestal y ven que las diligencias de la causa judicial se eternizan sin remedio.
Actualmente, la causa la lleva el juzgado de Moguer, que no cuenta con los medios suficientes para hacer frente a un procedimiento tan complejo, explica Gastalver.
Por ello, afectados decidieron concentrarse este lunes a las puertas del juzgado con la intención de hacer llegar a los responsables de la situación la necesidad de poner los recursos necesarios para que se agilice la causa.
Estos afectados tienen claro que, al margen de que se determine la responsabilidad de la empresa carbonera localizada en el paraje de Las Peñuelas de Moguer, la Junta tiene mucho que asumir. “La Junta culpable del retraso y por no hacer cortafuegos”, rezaba la pancarta que portaban en la concentración de ayer.
Si la Junta hubiera llevado a cabo las tareas de limpieza en dicha zona forestal, señala el letrado, “el incendio no hubiera llegado a provocar tantos daños en la naturaleza como materiales a vecinos y usuarios de campings”.
Gastalver admite que el proceso judicial es muy complejo y lento pero puntualiza que sí existen medios para agilizarlo. “El argumento que esgrimen desde el juzgado es que el hecho de que se haya solicitado responsabilidad de la Junta y no solo de la carbonera, algo que se delibera a finales de octubre, ralentiza el procedimiento”, explica.
En cualquier caso, apunta, es innegable que los funcionarios que hay en Moguer “no son suficientes” para manejar un tema tan extenso como este porque, además, tienen que llevar los asuntos habituales del juzgado.
“Parece que la Junta puso un funcionario de apoyo pero ahora mismo la situación vuelve a los mismos medios humanos que tenía el juzgado antes del incendio”, relata el abogado.
Además de la falta de medios judiciales, los afectados lamentan que ni la Administración estatal ni la autonómica les haya dado ningún tipo de ayudas para encajar las pérdidas.
Todas estas demandas las harán llegar al delegado de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta en Huelva, Álvaro Burgos, con quien tienen previsto reunirse este martes.
