La querella fue presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que luego desistió de la misma, la Confederación Española de Policía (CEP), la Unión Federal de Policía (UFP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP) contra Conde-Pumpido, al que atribuyeron un presunto delito de injurias y, subsidiariamente, otro de calumnias.
Conde-Pumpido explicó las razones por las que la Fiscalía se había dirigido únicamente al Servicio de Información de la Guardia Civil para solicitar un informe ya que, según señaló, la Policía nacional “no atiende las indicaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo, sólo las del juez instructor”. Los sindicatos policiales acusaron al fiscal general de haber realizado un ataque a la profesionalidad y honorabilidad del cuerpo de Policía.
