La sección de CGT en la sociedad municipal Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), perteneciente al Ayuntamiento hispalense, ha alertado este viernes de que la aplicación de la regla de gasto marcada por el Estado respecto a las entidades públicas y la consecuente "limitación en las contrataciones" temporales podrían ser sólo "excusas" para acometer "privatizaciones" en la empresa, avisando de que la plantilla no descarta "movilizaciones".
Todo parte de una reunión entre el alcalde hispalense, Juan Espadas (PSOE), y los representantes de la plantilla. La reunión con Espadas, según el Sindicato Independiente de Trabajadores del Transporte (SITT) y CCOO, que encabezan el comité de empresa de Tussam, giró en torno a la incidencia de la regla máxima de gasto estipulada para las administraciones por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, promovida en 2012 por el entonces Gobierno central del popular Mariano Rajoy en el marco de las medidas de austeridad impulsadas en aquellos momentos de la pertinaz crisis, sobre el futuro de Tussam.
Y es que si bien el alcalde ha anunciado que el proyecto presupuestario de 2020 crecerá un 6,5 por ciento con relación al anterior presupuesto aprobado, incrementando un 9,5 por ciento las transferencias a Tussam hasta alcanzar prácticamente los "topes legales", el SITT avisa de que el "estricto control de la regla de gasto" impediría que el presupuesto propio de Tussam crezca en cinco millones de euros, que son los que se necesitan para mantener la oferta prevista con las correspondientes contrataciones".
Además, dicha incidencia de la regla de gasto trasciende en un escenario en el que el 31 de diciembre de este año expira el actual convenio colectivo de Tussam, nacido de una propuesta que recogía un alza salarial al máximo que permitiesen los Presupuestos Generales del Estado, así como diversas primas como una anual de 530 euros ceñida al "tiempo efectivo de trabajo" y al requisito de no contar con "más de diez ausencias" al año.
EL AVISO DE ESPADAS
A tal efecto, recordemos que el presupuesto de 2018 de Tussam contaba con unos gastos previstos de 116,6 millones de euros entre los cuales el capítulo correspondiente al personal, es decir la plantilla, suponía 72,2 millones de euros frente a los 70 millones de euros fijados para el año 2017, extremo por el cual el alcalde reclamaba circunscribir el entonces nuevo convenio (es decir el actual) al dinero disponible para el capítulo de personal y sin "poner en riesgo la viabilidad de la empresa".
En ese sentido, el secretario general de CCOO en Tussam, Miguel Pereira, explicaba a Europa Press que con la mesa negociadora del futuro nuevo convenio colectivo ya constituida, la reunión con Juan Espadas sirvió para poner de relieve que la mencionada regla de gasto "condiciona" y genera "complicaciones" en la negociación del nuevo texto laboral, abogando supuestamente el primer edil y los sindicatos por "propuestas" mediante las cuales no haya una "vuelta atrás" en aspectos como la restitución la jornada laboral de 35 horas semanales, reinstaurada en noviembre de 2018, ni medien "reducciones de la oferta" de servicios públicos de la empresa ni "la externalización" de alguno de los mismos.
CGT, en ese sentido, expone que las aludidas "complicaciones" pondrían "en riesgo" las expectativas de los cerca de 150 miembros de la bolsa de empleo de Tussam, quienes gozan de las contrataciones temporales, así como los servicios de la empresa. "Diariamente quedan aparcados entre 20 y 25 autobuses en las cocheras por las restricciones en las contrataciones, cuestión que no entiende nadie", indica el sindicato, atribuyendo tal extremo a las leyes de austeridad promovidas en 2012 por el PP desde el Gobierno central y no derogadas por el PSOE.
Para CGT, "tanto la aplicación del techo de gasto como la limitación en las contrataciones hacen sospechar de excusas para acometer un nuevo ataque privatizador" en Tussam, extremo por el cual la plantilla no descarta "movilizaciones a un corto periodo de tiempo". "Los grupos políticos que apoyen los presupuestos (municipales de 2020), en caso de ser aprobados en la línea que actualmente se encuentran y se hace efectiva la privatización o se destruye empleo público, serán igual de responsables que el equipo de gobierno", avisa además el sindicato.
