El Juzgado de lo Penal número 4 de Málaga ha impuesto multas e indemnizaciones por casi 500.000 euros a los integrantes de una red dedicada la venta de decodificadores con contenidos pirateados, entre ellos partidos de LaLiga Santander de fútbol, según ha informado LaLiga.
La sentencia impone la condena de 6 meses de prisión y 1.800 euros de multa para el administrador de la empresa que distribuía ilícitamente los contenidos, así como 40.000 euros de multa para la persona jurídica. Además, se indemniza con 200.000 euros a LaLiga, 200.000 euros a Mediapro y 20.000 euros a la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda).
Las tres acusaciones particulares percibirán también 10.000 euros en concepto de las costas procesales que se les han generado. La empresa condenada ha aceptado regularizar su situación y convertirse en cliente de los legítimos licenciatarios de los contenidos.
Ésta es una de las mayores indemnizaciones en materia de piratería audiovisual en España y la primera sentencia que obtiene LaLiga que afecta a un operador regional de estas dimensiones. Esta empresa, que operaba Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Guadacorte, Guadiaro, Marbella, Mijas, Málaga y Torremolinos, contaba con unos 5.000 clientes, que abonaban unos 47 euros mensuales.
Además, recientemente la Policía Nacional informó de la desarticulación de una red dedicada a la comercialización ilegal de canales de pago y vídeos bajo demanda, que daba servicio a unos 20.000 clientes por toda España y a la que se le calcula un beneficio superior al millón de euros.
La operación se ha saldado con la detención de los doce integrantes de la organización, el cierre de siete páginas web y dos perfiles en redes sociales donde se anunciaban los servicios ilícitos, así como la realización de trece entradas y registro en domicilios distribuidos por toda la geografía española en los que se intervinieron los efectos que empleaba la organización.
LaLiga denunció este entramado en junio de 2018 tras detectar la existencia de un grupo de Facebook en el que se anunciaba la venta de servicios de IPTV para ver de forma ilegal los partidos de fútbol. Además, han colaborado con la Policía Nacional en la investigación de los hechos, facilitando una suscripción a este servicio de IPTV para su monitorización durante el último año. Estos hechos se instruyen en Madrid.