La Audiencia de Valencia ha condenado a cuatro exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a un año y diez meses de prisión por el accidente de la Línea 1 de Metrovalencia que el 3 de julio de 2006 costó la vida a 43 personas y causó 47 heridos, según la sentencia 'in voce' pronunciada en la sala.
La vista estaba señalada para este lunes en la Audiencia de Valencia, casi 14 años después del accidente, y con ocho exresponsables de la empresa pública en el banquillo. Sin embargo, ha habido un acuerdo entre las partes --Fiscalía, Asociación de Víctimas 3 de Julio (AVM3J) y defensas-- por el que cuatro acusados han reconocido los hechos y se han retirado los cargos para los cuatro restantes, entre ellos, la que fuera exgerente de FGV, Marisa Gracia.
Las acusaciones, en una exposición inicial antes de que se haya dictado sentencia, han calificado los hechos de "demoledores", han criticado a la magistrada que instruyó el procedimiento, y que archivó hasta en tres ocasiones la causa, que ordenó reabrir la propia Audiencia, y han afirmado que no quieren "venganza sino justicia".
Los cuatro directivos coondenados no ingresarán en prisión porque la ejecución de la pena ha quedado suspendida, en una sentencia que impone las mismas condenas que solicitaba Fiscalía aunque se han rebajado al aplicar las atenuantes de dilaciones indebidas y reconocimiento de los hechos.
Las cuatro personas que se han declarado culpables son el exjefe de la Línea 1, Sebastián Argente; el exresponsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación, Juan José Gimeno; el ex director adjunto de Explotación, Vicente Contreras; y el ex director técnico, Francisco García.
De esta forma, se retira la acusación a Marisa Gracia; el que fuera director de Operaciones, Manuel Sansano; el exjefe de Talleres de Valencia Sud, Luis Miguel Domingo Alepuz; y el exresponsable de estudios y proyectos, Francisco Orts.
Inicialmente, para los ocho acusados Fiscalía pedía en su escrito de calificación provisional una pena de tres años y siete meses de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de seguridad e higiene en el trabajo; 43 homicidios por imprudencia grave profesional y 37 delitos de lesiones por imprudencia grave profesional. Por su parte, las víctimas del metro --acusación particular-- elevaban la pena a cuatro años.
