El alcalde de Sanlúcar de Barrameda, Víctor Mora, ha afirmado que el Ayuntamiento se plantea llevar a la Fiscalía a la Junta de Andalucía por desobediencia ante el requerimiento que hizo en febrero sobre el vertedero de residuos no peligrosos procedentes en plásticos agrícolas en La Algaida, donde este domingo se ha vuelto a producir un incendio.
Según ha explicado el alcalde en declaraciones a los periodistas, en febrero ya desde el Ayuntamiento se hizo un requerimiento para que limpiaran la planta, "lo cual no han atendido".
En este sentido, ha acusado a la Junta de mentir, ya que, según el alcalde socialista, "en un escrito reconoce que la planta es titularidad de la Junta, que el Ayuntamiento no puede llevar ningún tipo de residuos y no tiene esa competencia". Asimismo, ha añadido que la Junta, "abre un inicio de expediente sancionador el cual se alegó en septiembre y a día de hoy, casi un año después, no hay conocimiento de nada".
A juicio del alcalde de Sanlúcar, se trata de "una guerra política del PP", añadiendo que el delegado, "tiene que entender que está en un órgano para llevar el bienestar a todos los andaluces, entre ellos los sanluqueños, le guste más o menos".
Cabe recordar que la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta en Cádiz ha indicado que estudia sancionar al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda por desobediencia con respecto al vertedero en La Algaida.
Según la Junta, el pasado año, en julio de 2019, se procedió a tramitar un procedimiento sancionador y una formulación de cargos para el Ayuntamiento por el vertedero, que había salido ardiendo, por llevar a cabo operaciones de residuos no peligrosos sin autorización de almacenamiento y por tenencia de estos residuos sin condiciones de seguridad.
Asimismo, se trasladó su inmediata retirada por parte del Ayuntamiento, así como para la puesta a disposición de estos residuos para que fueran gestionados por un gestor autorizado, lo que, según la Junta, "no se ha producido". Por su parte, el Ayuntamiento ha argumentado que la planta es titularidad de la Junta.
