El alcalde, Marino Aguilera y el concejal de Empleo, Formación y Aldeas, Ángel Montoro, comparecían en la mañana de este miércoles para ofrecer una rueda de prensa en la que abordar el acuerdo anunciado entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias en lo que se refiere al uso de los remanentes de tesorería de los ayuntamientos españoles referentes a 2019.
“El lunes, en el seno de la FEMP, se acordaba, con los únicos votos favorables del PSOE, la abstención de Podemos, el voto en contra de PP y Ciudadanos, y el voto de calidad del presidente, el alcalde de Vigo, -es decir, un acuerdo muy en precario- lo que viene a suponer la práctica incautación y bloqueo de los remanentes de tesorería en el conjunto de las administraciones locales, es decir, ayuntamientos y diputaciones de toda España. El documento proporcionado desde el ministerio, hoy publicado en el BOE recogido en un decreto, este mecanismo, digo, viene prácticamente a bloquear todos los ahorros de ayuntamientos y diputaciones, impidiéndoles hacer uso de los mismos e invitándoles graciosamente a que de forma voluntaria los depositen en las arcas de la Administración General del Estado mediante un préstamo que terminará de reintegrarse en el año 2037. Es decir, desde 2022, el Gobierno se da 15 años de plazo para devolver un préstamo que le hacemos de forma voluntaria, pero casi forzosa, y cuyas características financieras, además, desconocemos”, ha afirmado el alcalde.
“Este decreto supone un robo y un atraco a mano armada a los ayuntamientos españoles, un atentado a la autonomía local, sin precedente en la historia de España. Por primera vez, un gobierno se atreve a bloquear los ahorros de los ciudadanos en manos de sus ayuntamientos, no dando más opción que su entrega al ejecutivo de Pedro Sánchez o la imposibilidad de hacer uso de ellos. Generalmente, son los gobiernos centrales los que dan préstamos o dan subvenciones, dan liquidez y financian las corporaciones locales, no al revés, que es lo que estamos viendo en estos momentos”.
Por su parte, Ántel Montoro ha asegurado que “la propuesta del Gobierno lo que trata es de enfrentar a unos ayuntamientos con otros. Es completamente inviable si tenemos en cuenta la situación de crisis que se nos avecina. Es una verdadera artimaña que recorta las competencias del municipio. El Gobierno debería haber llegado a un consenso con las distintas fuerzas políticas antes de actuar como lo ha hecho. Hace unos meses, nuestro grupo municipal traía una moción al pleno en la cual instábamos a que se desbloqueara el superávit municipal ya que nos temíamos lo que ahora se ha llevado a cabo, su completo bloqueo. En el debate de aquella moción, que el Partido Socialista apoyó, nos tacharon de alarmistas; meses después la realidad nos da completamente la razón. Entendemos que lo más ágil es que los ayuntamientos puedan gastar su superávit en función de las necesidades de la ciudadanía, puesto que son los ayuntamientos quienes, en primer lugar, tienen ese ahorro, y en segundo lugar, un conocimiento directo de las prioridades de los servicios que necesitan los ciudadanos. Por poner un ejemplo, son los ayuntamientos los que están sosteniendo las ayudas alimentarias para las colas de personas que estamos viendo en distintas ciudades; son los ayuntamientos los que han conseguido ese ahorro y el Gobierno de España no puede disponer ni decidir a qué se destinan estos recursos. Además, la propuesta de Hacienda crea ciudadanos de primera y de segunda. Así, habrá alcaldes de ayuntamientos que puedan ayudar a sus vecinos y otros que no, porque no dispongan de recursos ni remanentes. El Gobierno está sacrificando a muchos consistorios sin remanente ni superávit, ahogándolos hacia el desastre económico. Desde nuestro grupo municipal rechazamos esta propuesta trampa que demuestra la nula disposición y el absoluto desconocimiento hacia la realidad que estamos sufriendo muchos ayuntamientos”.
El alcalde, Marino Aguilera, ha detallado que la liquidación presupuestaria del ejercicio anterior arrojaba que este Ayuntamiento poseía un remanente bloqueado desde el principio de 1.775.629 euros. Estamos hablando de una cifra considerable, una cantidad que hacia el mes de marzo, cada año, el Gobierno siempre emitía un decreto que liberalizaba este dinero y permitía gastar en inversiones financieramente sostenibles. Este año, llega el mes de marzo, y con el Estado de Alarma esa disposición queda en suspenso. El Gobierno solo permite que el 20% de este dinero (1,7 millones de euros) se pueda destinar a gasto social. Y hemos destinado de este dinero, 134.000 euros a gasto social. En total nos quedan 1.641.629 euros que siguen bloqueados. El decreto establece que si se quiere disponer de este dinero lo tiene que entregar todo, de forma voluntaria, pero, si no se lo damos no lo podemos tocar. Debemos darlo antes del 15 de septiembre. De esta forma, podremos formar parte de un fondo de ayuda de 5.000 millones de euros, del que solo podrán formar parte los ayuntamientos que entreguen su superávit. De ello, nos correspondería el equivalente al 35% del dinero entregado, es decir, aproximadamente medio millón de euros, de los que nos darían 220.000 este año y el resto el año que viene, pero no para gastarlo en lo que queramos. El Gobierno lo que pretende con esto es implantar su programa político en los ayuntamientos de toda España, obligando a que ese millón de euros que el Gobierno va a darnos lo gastemos en lo que el Gobierno diga. Por ejemplo, no podríamos gastarlo en ayudas a empresas sino en áreas como políticas de género, cambio climático, movilidad, cultura… No se puede destinar a temas de personal, ni a temas de mantenimiento, ni a ayudas a pymes o autónomos, etc”, ha explicado Marino Aguilera.
“Con ello –ha concluido el alcalde- nos quedan tres opciones. La primera, entregar el dinero al Gobierno y no lo recuperaríamos de forma total hasta el año 2037; segunda, destinar este 1,6 millones de euros a amortización de deuda con entidades bancarias, es decir, entregárselos a los bancos; o, por último, dejarlo inmovilizado, dejarlo metido en el banco, sin que sepamos sobre su futuro. Otra cuestión importante es que no sabemos si el Gobierno hará el año que viene esta misma operación con los remanentes de tesorería de este año. Ante esta situación, que entendemos que es un robo completo de los ahorros de los alcalaínos, en estos momentos estamos estudiando qué posibilidades tenemos. Estamos esperando todo el año este dinero para realizar proyectos e inversiones muy necesarios para el municipio; al final nos quedamos sin esos proyectos e inversiones. Nos gustaría una condena expresa del Partido Socialista sobre la acción que su Gobierno ha llevado a cabo con el Ayuntamiento de Alcalá”.
