La portavoz provincial del PP de Cádiz, Carmen Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de una ofensiva política para que todos los chiclaneros se unan en contra de la ocupación ilegal de viviendas y reclamen al Gobierno una ley que permita luchar de forma eficaz contra estos delitos.
Carmen Sánchez, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la presidenta local, Ascensión Hita, y los concejales Guillermo Utrera y Carmen Baena, ha mostrado la preocupación del Partido Popular por un problema que está adquiriendo unas dimensiones cada vez mayores, “y es que cada día son más las ocupaciones ilegales de viviendas de particulares”.
En este punto, ha indicado que a nivel nacional el 96% de las viviendas en alquiler son de propietarios particulares no fondos ni inversión ni bancos, “sino pequeños propietarios que han invertido todos sus ahorros en una vivienda para alquilar, que en algunos casos incluso es el único ingreso que reciben, y que están sufriendo de una situación de injusticia e inseguridad jurídica ante la ocupación ilegal de viviendas llevada además a cabo por parte de mafias organizadas”.
La portavoz provincial ha subrayado la necesidad de que se ponga freno a este delito y acabar con la indefensión que actualmente sufren los legítimos propietarios destacando que, según los datos publicados por el Ministerio del Interior, la provincia de Cádiz es la séptima en el ranking nacional en cuanto al número de denuncias por ocupación ilegal presentadas en el primer semestre de 2020.
Para el PP “no se puede seguir ignorando esta situación tal y como está haciendo el PSOE” y por ello ha demandado una solución urgente ante este problema como “está planteando el Partido Popular en la Proposición de Ley registrada en el Congreso de los Diputados en la que se aboga por el desalojo de viviendas ocupadas en 12 horas”.
En esta ley anti ocupación también se propone que se recupere el delito de usurpación y se fijen penas de uno a tres años de prisión, que los ocupas no puedan empadronarse en los ayuntamientos, que las comunidades de vecinos puedan tomar medidas legales actuando directamente ante los tribunales ante la ocupación de viviendas y comportamientos violentos de los okupas; así como que los propietarios que sean personas jurídicas puedan actuar contra la ocupación.
La portavoz popular ha defendido que ante un problema hay que ofrecer una solución como lo hace el PP a través de esta proposición de ley, “pero también es importante que los chiclaneros tomen parte en esta situación”. Por ello, el PP de Cádiz va a llevar una campaña de recogida de firmas en todos los municipios de la provincia y también se movilizará presentado mociones en todos los ayuntamientos gaditanos.
De hecho, este martes, la formación popular ha estado recogiendo firmas por las calles de Chiclana. Asimismo, el Partido Popular de Chiclana abre su sede para quien quiera sumarse con su firma para pedir dicha ley. “Solicitamos a la ciudadanía de Chiclana que se sume, para que puedan plantar frente a la inseguridad jurídica actual”.
La presidenta local, Ascensión Hita, afirma que “durante las visitas a las distintas zonas de Chiclana hemos constatadoque en casi todas las zonas hay algún caso de ocupación de viviendas que están generando verdaderos problemas a los vecinos. No solamente es el hecho de que se ocupen las viviendas, sino que luego hay actividades ilegales asociadas en muchas ocasiones, como la venta de drogas, y es algo que genera mal ambiente y hace incómoda la convivencia para los vecinos y las familias del entorno”.
Por su parte, Carmen Sánchez ha lamentado la “cobardía política del PSOE dando la espalda a los ciudadanos afectados por la ocupación de sus viviendas e incluso respaldando este tipo de acciones gobernando con un partido que apoya y alienta la ocupación ilegal de viviendas” y considera lamentable “que encima pretendan echar tierra en contra del gobierno andaluz en esta situación”.
Ante ello, la portavoz provincial ha destacado el giro en política de vivienda que ha llevado la nueva Junta de Andalucía y, entre otros planes, se ha referido al Plan VIVE dotado con una inversiones de 690 millones de euros en los próximos 10 años o las ayudas extraordinarias al alquiler puestas en marcha.
