El Gobierno ha concretado que el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025 tiene previsto construir dos nuevas comisarías, en El Puerto y La Línea, y otros dos cuarteles, en Chipiona y Chiclana. Sin embargo, según respuesta parlamentaria, no hay fecha ni presupuesto. “La realización de cualquier infraestructura exige elaborar una memoria de necesidades, un anteproyecto, la redacción del proyecto final, la licitación y adjudicación, por lo que determinar plazos exactos de inicio y finalización depende de gestiones temporales de las acciones indicadas y las posibles modificación de los proyectos iniciales hasta su aprobado final”, justifica el Ejecutivo para concluir que “no es posible determinar en la actualidad las fechas interesadas”.
La falta de compromiso no sorprende a los representantes de las asociaciones profesionales. Antonio Rodríguez, portavoz provincial de Jupol, pone de ejemplo la paralización de las obras en la antigua comisaría de Cádiz desde hace cuatro meses. Un auténtico despropósito. El traslado de las dependencias al Pirulí sale a casi 30.000 euros al mes en concepto de alquiler y no hay calabozos. “El marrón de los detenidos se lo están comiendo los compañeros de San Fernando”. Los trabajos, dice, podrían retomarse en dos o tres semanas, pero el traslado no se llevará a cabo, en cualquier caso, antes del próximo año. En La Línea, el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento llevan un año sondeando posibles parcelas para la ubicación de las nuevas instalaciones. Jerez estrenó unas flamantes dependencias en febrero con diez años de retraso.
El secretario de Organización provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Luis Bueno, señala, por su parte, que el puesto de Bornos está cerrado por estado ruinoso, igual que el de Paterna. La mitad del cuartel de Medina es inhabitable. En Tarifa, el inmueble se entregó en 1975 y desde entonces se han llevado a cabo reparaciones puntuales como el cambio de ventanas de hierro por otras de aluminio, pero actualmente “el estado en que se halla es lamentable y el mantenimiento, nulo”. Antes de la crisis sanitaria, se habló de que Interior “le iba a meter mano, pero el Covid-19 lo ha paralizado todo”, lamenta. Y, por último, Barbate cuenta igualmente con una edificación de los años setenta con una puerta principal “carcomida, casi hueca”, con ventanas que se caen y “pabellones que parecen palomares”.
Con todo, tanto Jupol como AUGC coinciden en que resulta especialmente prioritario y urgente ponerle fecha y cifras concretas a los refuerzos de personal. Ambos cuerpos están en cuadro. Según aseguró la portavoz del PP de Interior en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez, durante una visita a Cádiz a principios del mes de septiembre, en la provincia faltan 287 policías nacionales y 300 guardias civiles.
“A la capital han tenido que desplazarse efectivos de El Puerto porque había días este verano en los que solo se disponía de un patrullero”, afirma Rodríguez, quien advierte de que es preciso reforzar la presencia del cuerpo en la Costa Noroeste, donde han extendido sus actividades las redes de narcotráfico por la presión ejercida por las autoridades en el Campo de Gibraltar, y dotarles de medios materiales, desde vehículos a chalecos antibalas. “En la Sierra, solo Arcos, Villamartín y Ubrique disponen de más de diez agentes de la Benemérita que se dediquen a seguridad ciudadana”, apunta Bueno sobre las carencias en la Guardia Civil.
El Ministerio tiene que actualizar los catálogos. Pero sobre esto, como con las infraestructuras, tampoco hay fecha. Ni fondos ni, temen, voluntad política.
