En 2003 ya se documentó que no tenían ningún derecho en la zona. Incluso llegó a los Juzgados de lo Contencioso en 2005, y la sentencia fue en contra de ellos, aunque no se llegó a ejecutar la demolición”.
Son palabras de Patricio Poullet, jefe de la Demarcación Costas de Andalucía Occidental, recogidas por El País en un reportaje sobre el conflicto en la Casería tras los expedientes de Costas.
Y el representante del Ministerio de Transición Ecológica, que es de quien depende Costas, no sólo defiende la legalidad y la necesidad del derro -o la ilegalidad de las casetas y bares- sino que arremete contra la alcaldesa de San Fernando a la que sitúa en el lugar opuesto a la Ley por la que debe velar cualquier gobernante.
“Me parece una barbaridad decir que nos tenemos que sentar a consensuar con quien incumple la ley. Costas no se va a sentar en ningún caso con los afectados”, dice Poullet.
En San Fernando las posiciones siguen igual que tras la explosión de la polémica en las redes sociales que obligó a la alcaldesa a matizar sus palabras sobre la importancia del proyecto de regeneración y el derribo de los edificios.
En realidad los socialistas siempre han estado a favor de mantener los dos establecimientos hosteleros y trasladar las casetas a una zona municipal fuera del Dominio Público Marítimo-Terrestre.
El Ayuntamiento de San Fernando llevará al próximo pleno ordinario de este mes la propuesta de inicio del procedimiento para la declaración de interés general de la playa de la Casería.
Con ese trámite se persigue encontrar alternativas y tener opciones que permitieran mantener la singularidad de este paraje y garantizar el empleo a través de actividades como la de la pesca tradicional o la hostelería a través de concesiones.
El Gobierno municipal se reunió con los portavoces de los grupos municipales, a los que ha informado de que desde el anuncio de la notificación de los expedientes de la Demarcación de Costas el Consistorio no ha dejado de trabajar para buscar alternativas que puedan dar una solución a la situación de la Casería.
El Ayuntamiento, una vez que el pleno dé su conformidad, iniciaría el procedimiento que, para que culmine con éxito, necesitará los informes favorables del propio Ayuntamiento y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Y ojo, también el de Costas, del Gobierno central.
