Este lunes, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones ha convocado movilizaciones a nivel nacional para mostrar el rechazo a las recomendaciones emitidas recientemente por el Pacto de Toledo y refrendadas por una mayoría parlamentaria compuesta por PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, Junts per Catalunya, PNV, UPN, Coalición Canaria y PRC. En la provincia, al menos Sanlúcar y Rota se sumarán a la convocatoria. Desde el fin del confinamiento, reanudaron sus protestas, cumpliendo de manera puntual con su cita semanal. Pero la concentración de mañana es especialmente importante. El portavoz de la Plataforma Roteña en Defensa de lo Público, Ángel Novo, admite que el Gobierno les ha estado engañando. Finalmente, “no ha asumido ni una sola de las 28 propuestas que ha planteado el colectivo en toda España”, lamenta.
El Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Púbicas coincide en que el Ejecutivo ha rehuido el debate, apresurándose en sacar adelante las recomendaciones del Pacto de Toledo “sin dar tiempo a los diferentes grupos políticos a defender las enmiendas presentadas y sin que el gran público haya tenido ocasión de conocerlas al detalle”.
Pero no se echará a la calle aún. José Gil, representante de la organización, explica que esta semana ha habido una primera toma de contacto entre unos 60 integrantes de una veintena de entidades para coordinar una respuesta contundente. El próximo día 30, celebrarán una nueva reunión telemática con el objetivo de fijar un calendario de actuaciones a partir de la segunda quincena de enero y hasta junio para el que esperan contar con el apoyo de los sindicatos minoritarios y los movimientos sociales.
Igualmente, trabajarán en una lista de reivindicaciones que, de partida, se opondrá a retrasar la edad de jubilación a los 67 años y que sigan existiendo pensiones de miseria, e insistirá en que se anulen las dañinas reformas de 2011 y 2013, ejecutadas por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, que garantizan que las pensiones futuras sean progresivamente menos cuantiosas, y que el Estado compense la deuda de 500.000 millones de euros con la Seguridad Social por la asunción de gastos impropios.
Gil pone el acento, asimismo, en tres cuestiones que, advierte, han pasado por alto. En primer lugar, advierte de que el Pacto de Toledo abre la puerta a la entrega de la gestión del sistema de pensiones a las comunidades autónomas, “dinamitando el sistema de caja única de la Seguridad Social”. Por otro lado, subraya que el Gobierno dará más competencias a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. “De la gestión de las cotizaciones por contingencias profesionales, se ha pasado a gestionar las contingencias comunes, algo que no tiene que ver con su razón de ser y que hacía muy bien la Seguridad Social”, apunta. Esto incrementa los costes y reduce al máximo el sistema de reparto.
Por último, denuncia que se instauran pensiones privadas de manera casi obligatoria, “disfranzádolas de planes de pensiones de empresa”, que recibirán desgravaciones y todo tipo de apoyos legales. Pero, alerta, “solo lo serán para unos pocos privilegiados, con contratos indefinidos y salarios medios y altos” y, por otra parte, contribuirán a descapitalizar rápidamente la Seguridad Social, terminarán con la solidaridad interterritorial e intergeneracional y crearán dos clases de personas trabajadoras: una minoría que podrá vivir dignamente y una mayoría que será pobre de por vida.
