Estos documentos, que suman 12.000 folios, fueron desclasificados por la CIA (servicios secretos estadounidenses) en 2001 y algunos de ellos fueron aportados por la testigo Terry Karl, profesora de la Universidad de Stanford (EEUU) y especialista en asuntos latinoamericanos, quien insistió en la jornada de ayer en la necesidad de profundizar en la investigación para “romper la impunidad que todavía existe en El Salvador”.
Velasco admitió a comienzos de año la querella de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), respaldada por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), contra 14 militares salvadoreños, a quienes imputa los delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes, y a los que tiene previsto interrogar en febrero.
El juez acordó no investigar al ex presidente de El Salvador Alfredo Cristiani, contra quien también se dirigía la querella, basada en el principio de Justicia Universal, que permitió en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez español Baltasar Garzón.
Según fuentes de la acusación, el material cedido ayer a Velasco demuestra que el crimen de Ellacuría fue “premeditado”, gestado y coordinado por altos cargos militares de El Salvador tres días antes del asesinato, ocurrido el 16 de noviembre de 1989.
En autos no figura, no obstante, el manuscrito que supuestamente contiene la orden dada por el general René Emilio Ponce de asesinar a Ellacuría, publicado hace unos días por un diario español. Junto Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana, fueron asesinados los también españoles Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, y el salvadoreño Joaquín López y López.
