La diputada nacional por el PP de Cádiz, Mª José García Pelayo, en un encuentro mantenido con representantes de los trabajadores de prisiones en Cádiz , ha mostrado su apoyo ante la denuncia de falta de medidas de protección ante la covid en las prisiones de la provincia.
García-Pelayo ha criticado que” no se estén cumpliendo con los protocolos anticovid y no se apliquen medidas concretas de prevención y protección ante la pandemia sanitaria”, por lo que lamenta que “está al azar la seguridad de los funcionarios que prestan su servicio en estos centros”.
Por ello, ha reclamado al Gobierno que se garantice la seguridad frente a la pandemia dentro de las prisiones y que se aplique en estos centros las mismas medidas de prevención y protección que en el resto de las instituciones y la ciudadanía en general”.
La diputada ha señalado que en la prisión de Puerto 3, en donde hay unos 600 funcionarios, actualmente dos módulos de esta prisión están confinados por positivos “y a pesar de ello y de la situación general de virulencia de esta tercera ola de la covid, se mantienen las comunicaciones y/o los permisos que ya estaban concedidos, incluso a presos que se encuentran en módulos confinados, se mantienen las visitas a los presos y se mantienen las conducciones”.
El PP rechaza que aún no se haya fijado un calendario de vacunación para los funcionarios de prisiones y, excepto en la prisión de Botafuegos en Algeciras, sólo se ha vacunado a los sanitarios y no hay previsión para el resto de funcionarios.
Además, salvo personal sanitario, el resto de los funcionarios no dispone de epis, hay carencia de mascarillas, disponen de una por jornada de trabajo de 8 horas por lo que no pueden cambiarla cada cuatro horas como está recomendado, y sólo tienen mascarillas FFP2 los funcionarios que están en módulos confinados.
La diputada popular ha registrado una batería de iniciativas en el Congreso para requerir a Interior que garantice la salud de los funcionarios y atiendan sus reclamaciones en relación a la falta de protección ante la covid.
En otro orden de cosas, García Pelayo ha señalado el problema de la falta de personal que afecta las prisiones de toda España lo que en la provincia de Cádiz se traduce en un déficit de más de 200 trabajadores (unos 50-60 funcionarios por centro).
La diputada ha anunciado una pregunta al ministro del Interior para que ofrezca datos sobre las previsiones de aumentar las plantillas de funcionarios en las prisiones de la provincia gaditanas “ya que los funcionarios que se están incorporando en las nuevas convocatorias lo que hacen es cubrir las “vacantes” de los que se jubilan por lo que se cubre la tasa de reposición pero no aumenta las plantillas de los centros”.
Por último, ha tratado con los funcionarios de prisiones las reivindicaciones laborales que este colectivo plantea desde hace años para la modernización de las instituciones penitenciarias, el reconocimiento de la condición de agente de la autoridad y mejoras salariales.
