Exhaustos por las devastadoras consecuencias de la pandemia, los profesionales médicos han asistido indignados a la aprobación en el Congreso de los Diputados de la despenalización de la eutanasia. “Corremos el riesgo de insensibilizarnos definitivamente con la muerte”, advierte el presidente de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos, Fernando Gamboa.
Con cifras insportables de fallecidos a consecuencia del Covid cada día, el presidente de la Comisión Andaluza de Deontología Médica del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Ángel Hernández Gil, considera que la aprobación de la ley de eutanasia y suicidio asistido “es inoportuna”, pero también “innecesaria, porque no existe una demanda real de la sociedad, e injusta, porque atenta contra los principios que rigen la profesión médica desde que esta existe, preservar la vida humana”. Por lo que espera que sociedad responda de manera contundente.
“No se puede admitir una ley que asegura la muerte en 35 días a través de la cartera de servicios de la sanidad pública cuando fallecen diariamente 100 personas sin cobrar la ayuda a la dependencia que tienen reconocida o cuando fallecen más de 200 personas al día sin acceso a unos cuidados paliativos de calidad”, añade. “Eutanasia y suicidio asistido no están contemplados como actos médicos”, agrega, por su parte, Javier García Monlleó, presidente de la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología. “Quizá sean legales si los aprueba el Senado, pero no son coherentes”.
“Los mayores son hoy más vulnerables a causa de la pandemia y tras la aprobación del suicidio asistido”
Javier García Monlleó, presidente de la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología, expresa su preocupación por la repercusión en los mayores de la despenalización de la eutanasia y la falta de respuesta de las administraciones para frenar la pandemia. “Muchos mayores sufren deterioro congnitivo o demencia y van a ser muy vulnerables ante la nueva normativa” que regula el derecho a morir, advierte, porque la decisión estará delegada “en familiares o en la sociedad misma si tienen tutores”. Por otra parte, con unos 1.900 fallecidos en residencias, el 25% del total de las víctimas mortales por coronavirus en la región, “no ha cambiado el modelo de atención en los centros”. “No podemos convertirlos en hospitales, pero hay que tener una garantía de atención mínima, con asistencia médica, una enfermería, fisioterapia, un equipo multidisciplinar”, subraya. El problema está, denuncia, en que “los políticos no están a la altura, entre otras cosas, porque la mayoría de las veces no tienen conocimiento de las situaciones; pueden rodearse de muy buenos técnicos, pero para liderar” las políticas sanitarias, “lo mínimo que deberían tener es un poco de preparación”.
“Actualmente no está garantizada la asistencia paliativa en Andalucía; es necesario que la Administración se moje”
El presidente de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos, Fernando Gamboa, advierte de que “lo malo” no es la aprobación de la despenalización de la eutanasia “en un tiempo de dificultad” y por medio de un procedimiento legislativo “tramposo”, sino “el tsunami” que viene. “Va a cambiar la relación entre el personal sanitario, la famlia y el enfermo”, advierte, porque éste puede optar por esta salida si se siente una carga. “Los más vulnerables van a ser carne de cañón”, vaticina. Se abre la puerta incluso a que enfermos crónicos o discapacitados puedan pedir que se ponga fin a su vida. Y, en cualquier caso, la eutanasia servirá para hurtar, de facto, el derecho de recibir apoyo emocional, clínico y espiritual para una muerte digna.
“Falta que la Administración se moje”, lamenta. La mejor respuesta habría sido una ley de cuidados paliativos que se resiste. En Andalucía, hay un plan regional que, sin embargo, sufre carestía de recursos en los últimos ocho o diez años, apunta. Actualmente vuelven a darse pasos. En este sentido, destaca la aprobación de la categoría laboral de médico de recursos avanzados de cuidados paliativos y el desarrollo de un nuevo proceso asistencial que se está implementando. Además, “se han realizado importantes tareas formativas de los profesionales de atención primaria, hospitalaria y de los equipos de cuidados paliativos que ahora se van a retomar”. Pero no es suficiente. “Hoy no está garantizada la asistencia paliativa en Andalucía. Hay importantes inequidades en el acceso a una adecuada atención al final de la vida, no están conformados los equipos necesarios y no son estables, falta una dotación adecuada de psicólogos y trabajadores sociales y existen importantes déficits organizativos”.
“La construcción del Hospital Isabel Zendal es un ejemplo a seguir”
Las segunda y tercera olas han puesto en entredicho nuevamente la respuesta sanitaria para afrontar la pandemia. El presidente de la Comisión Andaluza de Deontología Médica del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), Ángel Hernández Gil, admite que la capacidad del Servicio Andaluz de Salud (SAS), especialmente en UCI, “es la que es y en pocos meses la misma no puede multiplicarse”, por lo que considera que lo conveniente habría sido extremar las medidas preventivas.
“Numerosas voces sanitarias venían solicitando medidas más restrictivas que evitaran picos de contagios masivos y, con ello, un nuevo colapso sanitario”, señala, de modo que “es difícil entender que existan otras causas más que las ligadas a la economía del país las que han impedido adoptar medidas más severas”. Llegados a este punto, asegura que “lo que no cabe duda es que iniciativas como la construcción del Hospital Isabel Zendal son un ejemplo a seguir para evitar situaciones que obliguen a priorizar la atención de pacientes por falta de recursos”. Además, apuesta por el auxilio de la medicina privada para que la sanidad pública pueda prestar una rápida y correcta atención a los pacientes Covid, pero también a quienes padecen otras dolencias.
“La demora en la atención sanitaria por retraso en pruebas diagnósticas, en intervenciones quirúrgicas, en prestación de multitud de tratamientos o de cualquier otra índole tiene enormes efectos perjudiciales para numerosas patologías que deben ser abordados con una adecuada programación y con la mayor dotación de recursos humanos posibles”, añade.
Igualmente, la medicina privada debe reforzar la campaña de vacunación. “El gran problema, por no decir el único, en la primera fase de vacunación ha sido la escasez de vacunas”, asegura. “Cuando no hay vacunas para todos, hay que priorizar, y resulta lógico que en el primer grupo a vacunar sean sanitarios y las personas más vulnerables, especialmente los mayores institucionalizados, quienes más sufrieron las consecuencias de la primera ola”, agrega. A partir de ahí, las opiniones son más divergentes, pero “numerosos expertos abogan por vacunar al mayor número de personas en el menor tiempo posible”. “Para evitar la difusión del contagio es más importante la rapidez de la vacunación que la priorización de los grupos”, afirma, de manera que la Junta habrá de movilizar todos los recursos humanos y materiales disponibles.
