El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de ocho años de prisión, dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz, para una pareja detenida en marzo de 2019 en Chiclana de la Frontera (Cádiz), acusada de estafar y maltratar a ancianos a los que cuidaban.
No obstante, el TSJA en su sentencia, recogida por Europa Press, estima parte del recurso interpuesto por los condenados, señalando que no se trata de un delito de apropiación indebida en relación con delito continuado de falsedad --en cuanto al otorgamiento de poder y testamento--, sino de una unidad natural de acción. No obstante, dicho matiz no afecta al fallo de la sentencia de la Audiencia Provincial y confirma los ocho años de prisión por un delito de apropiación indebida y estafa cualificada.
Según explicó la Guardia Civil cuando se produjo la detención, los hechos ocurrieron cuando en el equipo de delitos contra las personas, de la Guardia Civil de Cádiz se recibió una solicitud de colaboración internacional, procedente de la policía alemana de Frankfurt am Main, en la que se interesaba la localización de una ciudadana de ese país de 101 años de edad, de la que hacía tiempo no se tenían noticias y que se sabía que se habría trasladado a la provincia de Cádiz desde Tenerife.
Las investigaciones de los guardias civiles permitieron localizar a la mujer en una residencia de mayores de Chiclana de la Frontera, donde llegó tras pasar por varios hospitales debido a una situación grave de salud, que según los informes médicos estaba a punto de acabar con su vida.
En este sentido, apuntaron que el contenido de los informes médicos hacía levantar las sospechas de los investigadores por una posible negligencia en los cuidados y el abandono por parte de sus cuidadores, lo que unido a un estudio de la situación económica de la anciana, hizo saltar todas las alarmas.
La investigación desarrollada permitió conocer que los cuidadores habían contactado con la mujer en Tenerife y, haciendo gala de un destacado poder de seducción, captaron a su víctima, la cual contaba con propiedades inmobiliarias y una suculenta pensión de jubilación. Así, estando sola en España y sin familiares o amigos cerca, se ofrecieron como cuidadores, hasta llegar a anular la voluntad de la mujer y trasladarla a la península para controlarla mejor. Esta actuación la habrían repetido con otras personas de similares características.
Tras realizar de manera muy discreta una comprobación del estado de salud de la mujer, la Guardia Civil verificó que había mejorado de manera ostensible tras su ingreso en el centro de mayores, manteniendo varias entrevistas con ella en las que relató como la mantuvieron encerrada varios meses en un chalet alquilado, y que durante ese tiempo la tenían maniatada.
Los agentes se extrañaron de que siendo así hubiera participado en dos protocolos notariales, en el que primero otorgaba un poder notarial absoluto a favor de sus cuidadores y luego los nombraba sus herederos.
Estos hechos fueron negados por la mujer, llegando al extremo que se produjeron mientras estaba ingresada en estado grave en el hospital.
La Guardia Civil apuntó que en el mes de octubre de 2017 mantenía un saldo de más de 162.000 euros y tras la aparición en su vida de esta pareja, a mediados de diciembre, apenas llegaba a 300 euros, además de producirse la venta de su casa en Tenerife y no recibir ni un euro de la venta.
Por otro lado, mediante reconocimientos en sede judicial por parte del notario, se determinó que la ciudadana holandesa --ahora condenada-- fue quien se hizo pasar por la mujer firmando los actos notariales por los que otorgaba poderes y cedía su herencia a los investigados.
