El alcalde de Cádiz, José María González, ha exigido la dimisión de Teófila Martínez (actual presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz) y de Ignacio Romaní (director provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía ) de sus cargos públicos, así como las disculpas del actual presidente del Partido Popular en Cádiz, Juancho Ortiz, tras haber salido absuelto del delito de calumnia en el caso Loreto. El Tribunal Supremo ha considerado que la declaración por la que se acusaba a José María Gonzalez "queda amparada por el derecho a la libertad de expresión”.
Mientras no se invertía ni un solo euro en el mantenimiento de las redes de suministro de la ciudad, y especialmente en los barrios obreros, Ignacio Romaní derrochaba el dinero público que debía destinarse a ello en gambas, en Campari y en comilonas”De esta forma, el regidor de la ciudad ante los medios ha pedido la dimisión de Martínez y Romaní “porque esta denuncia no es una denuncia cualquiera, es en la que se ha basado todo este tiempo el PP para hacer política, para restregarme que me encontraba imputado pese al criterio contrario del Juzgado de Instrucción nº3 de nuestra ciudad que archivó la querella y pese al criterio también de varios fiscales”.
“El Partido Popular que maltrató a un barrio como Loreto y su gente, encima tuvo la poca decencia de denunciar a quien arrojó luz al caso”, apuntaba González, quien ha recordado al ex concejal Lolo Bauza, “quien también tuvo que sufrir durante un tiempo esta campaña de acoso y derribo de los populares”, así como a su jefe de Gabinete, José V. Barcia. “Gracias por vuestra valentía y por acompañarme en este camino”.
El alcalde ha destacado que pide la dimisión no solo en su nombre y en el de su equipo de gobierno, sino “en nombre de miles de ciudadanos que tuvieron que soportar durante días no beber agua en sus casas porque estaba en mal estado; unos vecinos a los que se les cortó durante más de 20 días el suministro de agua ante un enorme manto de silencio y oscurantismo”.
El Tribunal Supremo ha sido “contundente”. Y es que los cinco magistrados que han dictado sentencia han decidido por unanimidad la absolución. Según la sentencia “es muy dudoso que pudiera entenderse acreditado el conocimiento de que lo que decía —el alcalde— era falso, o que actuara con temerario desprecio hacia la verdad, porque ya desde el primer momento comunicó que el informe se trasladaba a fiscalía, siendo la razón no sólo su contenido técnico sino que desde el mismo se podía deducir con lógica que entre los días 29 de septiembre y 13 de octubre se realizaron análisis que dieron positivo, aunque no se comunicara a las autoridades sanitarias ni a la opinión pública, siendo razonable entender que los técnicos no lo ocultaron sino que lo habían comunicado a sus superiores políticos y también porque el recurrente podía entender que sí la ex alcaldesa había dicho que los análisis daban resultado 0,0 era porque sabía de sus existencia”.
“Es decir, el Tribunal Supremo, al igual que la jueza de lo penal, admiten que en esos días suministró agua no apta para el consumo en el barrio de Loreto sin advertir de ello a las autoridades sanitarias, es decir, a la Junta de Andalucía”, apunta el alcalde.
El alcalde reitera que “existían análisis que dieron positivo que invitaban a cortar el agua y hubo una decisión política, no de los técnicos sino política, de no hacerlo y ocultarlo a la Junta y a la ciudadanía”.
González añade que “lo que no se sabía entonces pero hoy si se conoce, es que mientras no se invertía ni un solo euro en el mantenimiento de las redes de suministro de la ciudad, y especialmente en los barrios obreros, Ignacio Romaní derrochaba el dinero público que debía destinarse a ello en gambas, en Campari y en comilonas”.
Por todo ello, “Teófila Martínez e Ignacio Romaní deben dimitir porque ambos, después de esta gestión negligente, esta persecución política y a cambio de entorpecer la gestión municipal, tienen como premios cargos públicos a dedo y sueldos que superan los 80 mil euros anuales”. “Y lo solicita —añade— con la conciencia muy tranquila, con la conciencia tranquila de quien puso la cara por sus vecinos como voy a seguir haciendo”.
En cuanto a la intención de recurrir por parte del Partido Popular , José María González apunta que “sospecho que no lo van a hacer. Si Juancho Ortiz fuese buen jurista, algo que cada vez pongo más en duda, sabría que las posibilidades de ambos son nulas, no tienen nada que hacer”.
Finalmente, ante preguntas de los periodistas sobre en quién recae las costas de este proceso judicial, el alcalde de Cádiz ha señalado desconoce "las cuentas del PP, no quiero ni conocerlas. No sé cómo van a pagar los abogados, los servicios jurídicos, ni las costas de los juicios. Mi abogado lo paga mi partido, no les cuesta ni un euro a los gaditanos. No sé si el PP puede decir lo mismo. En caso de que sea su partido, que espero que sí y no sea del dinero del grupo municipal, no quisiera yo saber de dónde viene”.
