La infravaloración del riesgo y la transmisibilidad del coronavirus a principios de 2020 y el exceso de optimismo en los periodos de disminución de la incidencia han marcado un año de restricciones que comenzó con el decreto del estado de alarma justo en una jornada como hoy y el confinamiento domiciliario, que se extendió por un periodo de tres meses y seis días. Desde su término, el Gobierno central no ha vuelto a valorarlo como opción, pese a que, entre otros, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo planteó en lo más crudo de la tercera ola.
En lugar del cierre, se han establecido restricciones más o menos duras de acuerdo a la evolución de los contagios. La factura económica de las medidas adoptadas son especialmente preocupantes en Cádiz, a la cola en empleo antes de la irrupción del coronavirus y lastrada aún por la crisis de 2008. El año pasado el PIB se hundió un 12,4% y este mes de febrero se alcanzó la peor cifra de paro desde marzo de 2015, a la que hay que sumar casi 17.000 asalariados en ERTE y 6.700 autónomos en cese de actividad. “Falta previsión”, asegura el propietario del restaurante Entre Botas, en Sanlúcar, Fermín Hidalgo, quien relata los avatares de su negocio en las últimas semanas en las páginas de este número, muy castigado por la falta de movilidad “dado que vivimos de la gente que viene a la ciudad”. “Trabajamos con productos perecederos, necesitamos planificación. Abrimos el jueves que viene, pero la plantilla está en sus puestos de trabajo preparando la vuelta una semana antes”, explica. “ERTE para arriba, ERTE para abajo, lo más importante es la estabilidad”, agrega. Y este año no ha habido certezas.
Salvo una: las clases no volverán a suspenderse. Ni tan siquiera se hizo en La Línea cuando la localidad, azotada por la variante británica, más contagiosa y agresiva, alcanzaba una tasa de incidencia de 2.800 casos por cada cien mil habitantes. “Ningún político dio la cara salvo el alcalde”, lamenta Toñi Carrillo, administradora, junto a Tamara Izaguirre, del grupo de Facebook Pedimos aplazar la vuelta al colegio en el Campo de Gibraltar, con más de 4.800 miembros. La Consejería de Educación insistía en que los colegios e institutos eran sitios seguros, al tiempo que amenazaba con iniciar expedientes de sanción por absentismo. Pese al pulso de la Junta, apenas acudió a clase el 2% durante cinco semanas, el tiempo que tardó el municipio en rebajar la incidencia a niveles tolerables. “Permanecer en casa fue clave”, sostiene Carrillo, quien insiste en que en las aulas existe un riesgo serio para que circule el virus.
Los datos oficiales preocupan a los sindicatos representados en la Junta de Personal Docente No Universitario de Cádiz (ANPE, APIA, CCOO, CGT, CSIF y Ustea). Según su presidenta, Susi de León, las cifras del Gobierno autonómico entran en contradicción con los facilitados por el Ministerio de Sanidad, que confirman que más del 16% de los brotes que se producían en febrero en España tienen su origen en los centros educativos. Además, denuncia que los protocolos de actuación han ido a la inversa que la curva de infecciones, rebajando las condiciones para confinar al alumnado y profesorado, y sin que se realicen pruebas a los profesionales en contacto con positivos. “Hemos pedido mantener refuerzos para rebajar ratios, reforzar control y, en enero, retrasar el inicio del curso, pero también hemos defendido siempre la presencialidad”, agrega, para garantizar la calidad de la enseñanza.
Tras el confinamiento duro, Alba Sotelino, psicóloga residente en Rota, comprobó que los menores con los que trabaja, que precisan de necesidades educativas especiales, “habían ido para atrás”. La socialización es clave en el desarrollo, apunta. Y el Covid-19 condicionado las relaciones. “Muchos tenían miedo de volver a clase porque pensaban que iban a morirse”, asegura. Las consecuencias de la limitación de la movilidad afecta muy especialmente a los adolescentes y universitarios, que continúan en casa con sus familias o, si han cambiado de lugar de residencia por los estudios, cumplen con sus horarios lectivos y se encierran en sus habitaciones. “Se sienten frustrados e impotentes. Muchos piensan en abandonar porque han perdido los alicientes”, advierte.
La población en general, añade Antonio García, psicólogo sanitario y militar también residente en Rota, “se ha sentido entre la espada y la pared, sin vías de escape”. Quien no ha perdido a un familiar o se ha arruinado, consume información diariamente sobre el número de fallecidos y contagios, con miedo a la enfermedad. “Se ha perdido calidad de vida” y eso hace mella.
Las expectativas frustradas agravan el estado de ánimo y la salud mental. “Se nos dijo que estaríamos encerrados quince días; luego, que el virus había sido derrotado en junio; o que todo iba a acabar en Navidad”, señala, pero finalmente fuimos enguyidos por la tercera ola.
“Hay un cambio de realidad y el problema está en la aceptación”, explica, consciente de que “la pandemia nos hace mejores o nos destruye”. La clave “está en comprometerse con uno mismo, buscar equilibrio, aprender a navegar en la adversidad” y, pese a las restricciones, “afrontar cada día como una oportunidad”.
