La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha decretado la puesta en libertad de los dos policías nacionales que se encontraban en prisión provisional desde el pasado 15 de febrero por su implicación en una presunta agresión a un vecino de Linares y a su hija de 14 años durante una pelea en la terraza de un bar y cuando estos no se encontraban de servicio. Según informaron desde el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los acusados deberán comparecer los días 1 y 15 de cada mes en un juzgado de su lugar de residencia. Además, ambos tienen prohibición de comunicación y aproximación a menos de 200 metros de la presunta víctima, C. M. A.
“La instrucción de la causa se encuentra en estado avanzado. Falta por tomar declaración a un testigo ocular de los hechos propuesto por la defensa de los agentes. Asimismo, se está a la espera del informe del Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA) sobre la conveniencia de tomar declaración a la hija menor de edad de la presunta víctima”, recoge el comunicado, que finalmente recuerda que resta el informe definitivo de Sanidad respecto de la presunta víctima de la agresión, C. M. A.
Ayer se celebró la vista en la Audiencia de Jaén donde las defensas de los dos policías, un agente y un subinspector, han pedido su puesta en libertad, a lo que se ha opuesto tanto el Ministerio Público (como ya adelantó VIVA JAÉN la semana pasada) como la acusación particular que han pedido que se mantenga la prisión provisional para los dos agentes, según han informado fuentes judiciales a Europa Press. En poco más de tres horas, el tribunal emitió un auto de once páginas decretando la puesta en libertad de los dos agentes que desde el pasado 15 de febrero se encuentran internos en el centro penitenciario de Sevilla 1 por contar esta prisión con un módulo específico destinados a miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Auto
En el auto facilitado por el TSJA, se informa de que “la medida de prisión provisional no puede ser utilizada como pena anticipada, ni como respuesta a una situación de alarma social como la generada en el caso de autos en donde se produjo incluso un asedio a la sede judicial por una multitud de personas”.
El auto de puesta en libertad recoge que ni por la gravedad de los hechos imputados, ni por las circunstancias personales de los investigados “permiten considerar la existencia de un riesgo de fuga que justifique la adopción de la medida de prisión”. También se rechaza el riesgo de ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes en base a la condición de funcionarios policiales de los investigados. En este sentido, el tribunal señala que “existen multitud de grabaciones de los hechos aportadas a la causa y los testigos ya han declarado”.
