La macrocausa 'Poniente' por presunta corrupción política y empresarial en torno al Ayuntamiento de El Ejido (Almería) entre 2002 y 2009 ha superado el ecuador de la vista oral y dará comienzo este miércoles a la práctica de la prueba pericial con la comparecencia en sala de los expertos tanto de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la Agencia Tributaria.
El tribunal ha citado en dos sesiones, que tendrán continuidad el día 22, al jefe de la Unidad de Apoyo de la IGAE a la Fiscalía Anticorrupción, a cinco peritos de la AEAT en Almería y al subjefe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria adscrita también a la Fiscalía Anticorrupción que emitió los informes contenidos en las diligencias de investigación que se prolongaron dos años hasta que la operación explotó en octubre de 2009 con la intervención del ayuntamiento ejidense y una veintena de detenciones, entre ellas la del exalcalde Juan Enciso y el exinterventor municipal José Alemán.
El informe que la IGAE incorporó a la causa en noviembre de 2008 indicó "irregularidades" en la adjudicación y contenido del contrato de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) y apuntó, confirmado por la Inspección de Trabajo, una "masiva cesión ilegal" de trabajadores entre las esta y las subcontratas "sin que el ayuntamiento lo impidiese".
Concluyó, asimismo, según se recogió tanto en el auto de procesamiento como en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que mediante la subcontratación de los servicios que se adjudicaron a Elsur, participada al 70 por ciento por el Grupo Abengoa, se habrían obtenido por parte de los principales acusados "indebidamente importantes beneficios, entre ellos fiscales, al haber generado artificial y deliberadamente una desmesurada sobre facturación al Ayuntamiento de El Ejido".
Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción sostiene que la cantidad detraída de las arcas públicas entre los años 2002 y 2009 por parte de esta "infraestructura de personas que se dedican a realizar actividades mercantiles, a través de un elevado número de sociedades, a unos precios desorbitados" con la presunta "connivencia y participación" del socio privado y los responsables municipales ascendería a casi 71,5 millones de euros.
En concreto, cuantifica el perjuicio causado por el Grupo Abengoa al ayuntamiento ejidense en 31 millones de euros; en 24,6 millones de euros el ocasionado por el Grupo Amate; y en 15,6 el de las subcontratas del denominado Grupo Galán.
Por otro lado, los peritos de la Agencia Tributaria emitieron informes en los que concluyeron que el importe de la cuota defraudada en el impuesto de sociedades y en IVA aplicando la técnica del levantamiento del velo en Elsur se elevaría a 16,2 millones de euros, de los que 13,8 corresponden al primero de los tributos.
Señalaron, asimismo, que el dinero presuntamente obtenido de manera ilícita por los encausados y destinado a "gastos de lujo como vehículos de alta gama, joyas, o viajes que le hacía disfrutar de un alto nivel de vida eran incluidos en las declaraciones de Hacienda de las subcontratistas de Elsur como gastos deducibles".
De la investigación efectuada por los peritos de la Agencia Tributaria se desprendió también que una de las empresas, vinculada a funcionarios de Urbanismo, facturaba supuestamente a Elsur "incrementando artificialmente en un diez por ciento el importe de las asistencias técnicas" y, a su vez, Elsur facturaba a ayuntamiento "estos trabajos con un aumento adicional del ocho por ciento, por lo que terminaba pagando un 18 por ciento más de lo que hubiera sido normal".
Según el calendario de sesiones, hay señaladas otra cuatro sesiones de vista oral para la práctica de la prueba pericial hasta el 3 de mayo. Un día después dará comienzo la documental mientras que para conclusiones e informes de las partes se han reservado los días 10,12,13,14 y 28 de mayo, así como 4,9,11,14 y 17 de junio.
El macrojuicio de 'Poniente' se sigue por la presunta comisión de delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública, coche pasivo propio, cohecho activo, continuado de prevaricación, de negociaciones prohíbidas a funcionarios, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Tras el trámite de cuestiones previas, el Ministerio Público retiró la acusación por los delitos contra la Hacienda Pública en los periodos impositivos entre los años 2002 y 2005 al considerar que habrían prescrito y acordó rebajar las penas de prisión, en algunos casos en más de la mitad, que solicitaba para los principales acusados.
La Fiscalía estimó parcialmente "por justificadas" las alegaciones realizadas por las defensas, pero mantuvo, no obstante, los delitos fiscales que imputa respecto a los ejercicios entre 2006 y 2009 ya que considera que la prescripción quedaría "interrumpida" por una providencia del juzgado instructor de 2011 por la que las "partes tuvieron suficiente información" como para "pensar que la investigación también iba dirigida contra ellos también por delito fiscal".
Tras las modificaciones introducidas en su escrito de calificación provisional y desgranadas en sala, el exalcalde de El Ejido Juan Enciso, y el ex interventor municipal José Alemán se enfrentan a penas que suman 40 años de cárcel frente a los 64 años de prisión solicitados inicialmente al tiempo que ven rebajada la cuantía de las multas de 49 a 23,2 millones de euros.
