El Partido Popular (PP) llevará al pleno municipal del próximo jueves la petición de inicio de un expediente de responsabilidad patrimonial para que el coste del rótulo, su colocación y posterior retirada -casi 24.000 euros, en total- sea sufragado por quien ordenó ponerlo.
En septiembre de 2019, se colocó en la fachada del Ayuntamiento de San Fernando un rótulo con la leyenda ‘Casas Consistoriales’. Esta decisión fue adoptada por el gobierno isleño y la dirección facultativa de la obra, tal y como queda recogido en una entrevista realizada a la delegada municipal de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez; y ello “pese a que no formaba parte del proyecto integral de rehabilitación del histórico edificio y, más importante aún, sin contar con la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico”, recuerda el presidente y portavoz del PP, José Loaiza.
Al tratarse de un monumento con la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), cualquier modificación o cambio debe ser supervisado y contar con la autorización de la instancia superior, en este caso la Consejería de Cultura, tal y como dicta la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, en su artículo 33.2
Por tanto, ante lo irregular de la actuación municipal, la Delegación Territorial de Cultura mantiene abierto un expediente sancionador y ordenó la retirada de las letras corpóreas, restituyéndose de igual forma el tramo de cornisa original.
La "desacertada" decisión de poner un rótulo en uno de los edificios con mayor grado de protección de San Fernando ha supuesto un coste económico sufragado por el erario público, esto es, por todos los contribuyentes.
“Concretamente -recuerda Loaiza- los isleños hemos hecho frente al desembolso de 23.758,91 euros, coste del rótulo, su colocación y desmontaje de la fachada. A ello, habrá que sumar, si no se pone remedio, al coste de una sanción económica".
Desde el Partido Popular “lamentamos que las excentricidades del equipo de gobierno tengan tan alto coste y que el precio de esas desacertadas decisiones suponga un menoscabo a la economía de los isleños. Por ello, para evitar este tipo de conductas, insolidarias, contrarias a toda ética y a la propia regulación legislativa, hemos pedido que se depure la responsabilidad de esa actuación, y que sea el responsable -o responsables- de la misma quienes asuman el coste económico que le ha supuesto a los isleños esa actuación”.
