El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado las propuestas instadas por ocho de sus vocales para llevar al Tribunal Constitucional la reforma instada por PSOE y Unidas Podemos que le resta atribuciones, entre ellas la de realizar nombramientos en la cúpula judicial.
La iniciativa, instada por ocho vocales, todos ellos propuestos a iniciativa del PP, no ha recabado el apoyo del resto de consejeros del sector conservador, por lo que los votos en contra han sumado un total de 13, entre ellos el del presidente del órgano, Carlos Lesmes.
En cambio, sí ha obtenido luz verde el texto con el que este órgano contestará a las preguntas que le ha remitido la Comisión Europea en el marco de la preparación del informe sobre el Estado de Derecho 2021.
El borrador, que este mismo miércoles había obtenido el aval de la Comisión Permanente, ha sido aprobado por 17 votos a favor, 3 en contra -los de los vocales Enrique Lucas, Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez- y uno en blanco -Roser Bach-.
Ente otros argumentos, el órgano de gobierno de los jueces advierte en este informe a Bruselas de que el principal impacto de la reciente reforma instada por PSOE y Unidas Podemos, y que le impide hacer nombramientos estando en funciones, se verá en el Tribunal Supremo, donde actualmente hay siete vacantes que no se podrán cubrir
Obligado por un escrito suscrito por ocho vocales, todos ellos designados a propuesta del PP, Carlos Lesmes convocó un Pleno Extraordinario para este miércoles en el que se han tratado tres asuntos relacionados con la polémica reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), y que han sido rechazados.
El primero exploraba la posibilidad de plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones con requerimiento previo a las Cortes Generales, y el segundo una petición al Defensor del Pueblo para que interponga recurso de inconstitucionalidad contra la reforma instada por PSOE y Podemos.
CONFLICTO DE ATRIBUCIONES
Por lo que respecta al conflicto de atribuciones, se trataba de una iniciativa muy poco habitual que se interpone cuando un órgano constitucional, como es el CGPJ, considera que otro de los órganos del Estado asume atribuciones que no le corresponden, y debe comunicarse antes al "órgano invasor" -en este caso el Congreso de los Diputados- dentro del mes siguiente en que hubiera llegado a su conocimiento la actuación indebida, pidiendo que se revoque.
En el borrador que se sometía a debate se solicitaba pedir expresamente a las Cortes Generales que dejara sin efecto "la supresión de competencias constitucionales" que se han visto afectadas por la reciente reforma aplicable a este órgano, que se encuentra en funciones. La reforma, según los vocales proponentes produce "un menoscabo en una de las principales competencias que la Constitución le encomienda", que es la de nombramiento.
Los ocho vocales que solicitaban la interposición de este recurso son Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero,
Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz y Ángeles Carmona.
Durante el debate del Pleno, han sostenido la legitimación del Consejo General del Poder Judicial para plantear el conflicto de atribuciones, con la finalidad de salvaguardar el principio fundamental de la división de poderes, garantizando la intervención del Tribunal Constitucional para poner remedio a cualquier vulneración de ese principio, que es esencial en la democracia como vertebrador de un Estado de Derecho.
Por ello, consideran que el Pleno debió dirigirse a las Cortes Generales solicitando que dejasen sin efecto la supresión de competencias constitucionales del Consejo General del Poder Judicial afectadas por la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones, al producir un menoscabo en algunas de las principales competencias que la Constitución le encomienda en los artículos 122.2 y 159.1.
NINGUNO DEFIENDE LA CONSTITUCIONALIDAD
Al término del debate, hicieron pública una nota en la que ponen de manifiesto que ninguno de los asistentes al Pleno ha defendido la bondad constitucional de dicha Ley.
La propuesta que sí ha salido adelante s la remisión del informe a Europa, ya que el posible contenido del mismo fue encargado el pasado jueves a la vocal Nuria Díaz Abad, que es una de las firmantes de la convocatoria de Pleno.
El texto a debatir advierte de que el principal impacto de la reciente reforma instada por PSOE y Unidas Podemos, y que le impide hacer nombramientos estando en funciones, se verá en el Tribunal Supremo, donde actualmente hay siete vacantes que no se podrán cubrir.
En el borrador del informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el CGPJ explica a la Comisión Europea en qué consiste la reforma del artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que le resta atribuciones, y cuestiona la técnica legislativa empleada en el texto, que ha obligado a este órgano a encargar incluso un informe técnico para conocer su alcance.
