La senadora del PSOE por Córdoba María Ángeles Luna ha destacado este viernes "el impulso del Gobierno de Pedro Sánchez al empleo de las personas con capacidad intelectual límite y con discapacidad auditiva", y ha celebrado "la aprobación del Real Decreto 386/2021, de 25 de mayo, sobre medidas de acción positiva para promover el acceso al empleo de este colectivo", de las que se podrán beneficiar más de 31.000 cordobeses.
En concreto, Luna ha señalado que "en Córdoba se van a beneficiar de estas bonificaciones quienes contraten, según los datos del INE, a aquellas personas de entre las 29.815 que han sido valoradas y no han alcanzado el grado de discapacidad reconocido, pero que su valoración está entre el 20 por ciento y el 33 por ciento de capacidad intelectual límite, y a 1.793 cordobeses con discapacidad auditiva como primera deficiencia con grado reconocido superior al 33 poro ciento, en edad de trabajar".
Según ha subrayado Luna, de esta forma "el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a demostrar su sensibilidad con quienes que más lo necesitan y que, sin tener reconocido el grado de discapacidad que da derecho a una prestación, no tienen las mismas oportunidades de acceder al mercado laboral, siendo necesario establecer mecanismos que mejoren y faciliten su empleabilidad".
En este sentido, ha manifestado que la norma tiene un doble objetivo, "por un lado, definir lo que, a los efectos laborales de acceder a las medidas de acción positiva previstas, debe entenderse como persona con capacidad intelectual límite, utilizando los baremos de valoración de la situación de discapacidad vigente; es decir, aquella persona que presenta un cociente intelectual por debajo del considerado como general y dificultades en la interacción con el entorno, lo que dificulta su desarrollo humano y su plena participación en la vida social".
"Por otro lado --ha añadido--, se pretende establecer la relación concreta de medidas de acción positiva que mejor se adecúen al perfil personal y profesional del colectivo, con el objetivo de promover su acceso al empleo y favorecer su integración laboral en el mercado ordinario de trabajo".
La senadora socialista ha valorado que "los empleadores tengan la posibilidad de solicitar subvenciones con cargo a los servicios públicos de empleo competentes, con el objetivo de introducir las adaptaciones necesarias en el puesto de trabajo y eliminar barreras u obstáculos que impidan o dificulten el trabajo de las personas con capacidad intelectual límite".
Además, la senadora socialista ha destacado que, "para promover el acceso al empleo de personas con capacidad intelectual límite, los empleadores dispondrán de una subvención de 2.000 euros por cada contrato de trabajo indefinido a tiempo completo".
Luna ha resaltado que "los contratos para la formación y el aprendizaje concertados con personas con capacidad intelectual límite podrán ampliarse hasta un plazo máximo que no podrá exceder de cuatro años, recabando los informes competentes, cuando, debido al tipo y grado de discapacidad y demás circunstancias individuales y profesionales del trabajador, así como las características del proceso formativo a realizar, el trabajador no hubiese alcanzado el nivel mínimo de conocimientos requeridos para desempeñar el trabajo".
Además, "se fijan los valores por los que se considerarán destinatarios finales de este programa de empleo las personas con discapacidad intelectual de más de un 20 por ciento y que no alcancen el 33 por ciento, y también las personas sordas y con discapacidad auditiva, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento".
Luna ha concluido señalando que "con esta nueva norma, el Ejecutivo de Pedro Sánchez cumple con las personas más vulnerables, facilitando su empleabilidad y el acceso al mercado laboral, para no dejar a nadie atrás".
