La Diputación de Cádiz, a través de su diputado de Bienestar Social, David de la Encina, ha aclarado que se ha visto obligada a dejar de prestar el servicio de la Unidad de Apoyo de Drogodependencias a reclusos de los centros de Botafuegos y Puerto II a causa de la falta de un marco legal que dé seguridad jurídica a la presencia de esta unidad, y ha afirmado que su voluntad es volver a ofrecerlo tan pronto como lo resuelva la administración competente en drogodependencia, la Junta, en acuerdo con Instituciones Penitenciarias.
Según ha informado la Diputación en una nota, de la Encina ha aclarado que "la actual situación afecta a la totalidad de Andalucía y tiene que ver con la reorganización que está encarando la Junta para que este servicio se preste bajo el mismo procedimiento en toda la región".
Así, el diputado de Bienestar Social ha afirmado que "desde 2019 la Diputación, que no es competente en esta materia, no dispone de un marco normativo que regule las condiciones en que presta este servicio ni avale su presencia en las prisiones".
Así pues, ha recordado que "no ha sido una decisión de la Diputación de Cádiz" y que "ni siquiera es un asunto que tenga que ver solo con la provincia, sino que es toda Andalucía la que está a la espera de que se haga efectiva la reorganización a través de un convenio entre la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios de la Junta y la de Instituciones Penitenciarias que regule cómo se presta el servicio, quién lo ofrece y en qué condiciones".
En palabras del diputado, "la Diputación, que se ha mantenido en comunicación directa con la dirección de ambos centros, sigue creyendo que este servicio es de gran utilidad y que la red que la Diputación despliega, con ratios de calidad del máximo nivel desde hace más de 30 años, es la más adecuada para seguir ofreciéndolo". "Pero para ello la Junta tiene que resolver la cuestión competencial y asegurar la financiación a través de un programa uniforme para todas las prisiones", ha aseverado.
Por último, de la Encina ha expresado su voluntad de que este servicio "se reanude no sólo en las prisiones de Puerto II y Botafuegos sino que también se extienda a Puerto III ya que la voluntad de la Diputación ha sido siempre la de darle la máxima calidad y alcance a este servicio por su gran utilidad social", aunque ha insistido en la necesidad de que la Junta "asegure la financiación de este servicio al que la Diputación aporta una gran cantidad de recursos propios al año pese a no ser de su competencia, y del que la Junta debe responder como administración responsable".
