El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha enviado sendas cartas a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera y al consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, para trasladarles la preocupación existente en la provincia de Málaga ante el "grave problema" que supone la proliferación de proyectos para la instalación de parques solares de gran tamaño en muchas localidades sin que haya habido diálogo con los ayuntamientos afectados.
Critica que se haya dejado en manos de las empresas, en general multinacionales y fondos de inversión, la ordenación territorial de un mapa de parques solares que cambiará la fisonomía y el paisaje de una gran parte de nuestro territorioPor ello, pide a las administraciones central y andaluza una moratoria especial para la tramitación de estos "grandes parques solares", de forma que se diseñe consensuadamente un mapa que fije los lugares más idóneos para su instalación, "respetando los valores ambientales, turísticos, culturales, agrícolas y paisajísticos del territorio y se tenga en cuenta la opinión de cada ayuntamiento a la hora de aprobar actuaciones que transformarán de manera notable su término municipal".
A juicio de Salado, "ha faltado diálogo y planificación con los ayuntamientos"; es más, considera que se ha producido "una vulneración de los principios del municipalismo y la autonomía local; un atropello". Por ello, también ha enviado una carta al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, para que "tome cartas en el asunto".
Sólo en la provincia de Málaga hay más de 70 proyectos de los denominados parques o huertos solares y ya ha habido manifestaciones que, en opinión del presidente de la Diputación, irán en aumento.
En las cartas enviadas, a las que ha tenido acceso Europa Press, critica que se haya dejado en manos de las empresas, "en general multinacionales y fondos de inversión, la ordenación territorial de un mapa de parques solares que cambiará la fisonomía y el paisaje de una gran parte de nuestro territorio".
Además, añade, para eludir el trámite estatal, se está dando la circunstancia de que se presentan ante las comunidades autónomas varios proyectos, en parcelas cercanas, que suman más capacidad de generación que los 50 MW establecidos como umbral desde el que se necesita la autorización del Gobierno central.
Salado señala que incluso se habla ya de la posibilidad de que "se esté alimentando una nueva burbuja de energías renovables, aunque en esta ocasión me temo que los perjuicios ambientales, económicos y paisajísticos serán muy superiores a la producida hace diez años".
El también vicepresidente de la Red Española de Ciudades por el Clima se ha preguntado si el proceso de transformación energética del país "no se ha diseñado con demasiada rapidez ante la presión del calendario impuesto por la Unión Europea para la ejecución de los proyectos a financiar", un hecho que ha provocado "olvidar el necesario papel de los ayuntamientos y su responsabilidad en la planificación urbanística y defensa de su patrimonio ambiental, cultural y paisajístico"; algo contra lo que atentan muchos de estos proyectos, ha dicho Salado.
ACTIVIDAD AGRÍCOLA
También afirma el presidente de la Diputación malagueña que esta proliferación de parques solares puede repercutir "muy negativamente" en el mantenimiento de la actividad agrícola, "fundamental para la lucha contra la despoblación".
Así, sostiene que los precios que pagan las multinacionales por el alquiler de la hectárea "son inasumibles para la mayoría de los agricultores, tal y como advierten las organizaciones agrarias". "Esa pérdida de la actividad agrícola y ganadera será la puntilla para muchos pequeños pueblos", advierte.
Igualmente alude al "riesgo que supone el abandono de estos parques cuando se cobre la subvención y se amortice la inversión, con el consiguiente impacto ambiental y paisajístico y los altos costes de desmontaje y reciclaje de las placas solares".
"Tampoco debemos engañarnos: las inversiones de miles de millones que se están anunciando apenas repercutirán positivamente en el territorio que transformarán y ocuparán, pues casi no generarán empleo a medio y largo plazo y, si acaso, consumirán recursos escasos como el agua", lamenta Francisco Salado.
Sólo en la provincia de Málaga se están tramitando actualmente unos 75 proyectos de parques o huertos solares, con pequeños municipios, según advierten con preocupación sus alcaldes, que suman instalaciones con una ocupación superior a las 1.000 hectáreas. Un impacto en el territorio y el paisaje al que hay que sumar "el que tendrán las estructuras de transporte y distribución de la energía".
Por todo ello, el presidente provincial malagueño solicita a las administraciones central y autonómica esa moratoria especial y que se tenga en cuenta la opinión de los ayuntamientos de los municipios afectados.
Además, al presidente de la FEMP le solicita que sea "la voz de los ayuntamientos y las entidades locales españolas ante este grave problema" y que se celebre un pleno, asamblea o reunión monográfica sobre este asunto para pedir al Gobierno que tenga en cuenta al municipalismo y se estudie esa posible moratoria "para ordenar de alguna forma esta avalancha descontrolada de proyectos, que amenaza con destruir el paisaje de cientos de nuestros municipios, de buena parte de España, en lo que puede ser una nueva burbuja de la que después nos arrepintamos".
Salado asegura que es "consciente de la necesidad" de acometer en España políticas de transición energética y fomento de las energías renovables, pero pide que se haga de manera ordenada y contando con los territorios afectados.
El Ejecutivo contempla que por cada euro público de inversión, la iniciativa privada invierta 3,5 euros, "un cálculo que a lo mejor se queda corto en esta materia a la vista de la gran cantidad de proyectos que ya se están presentando a tramitación para huertos solares en nuestro país".
