La portavoz del equipo de Gobierno y primera teniente de Alcalde, María José González, ha analizado el pleno económico celebrado el pasado lunes, para destacar de inicio la actitud “poco dialogante y agresiva de la oposición”. En primer lugar, ha valorado positivamente que se devuelvan en siete años los fondos de ordenación del Estado “para hacer llevadero el plan de ajuste”. Además, se aprobó renegociar la deuda con Seguridad Social y Hacienda para incorporarla a los fondos de ordenación. En suma, medidas para flexibilizar las obligaciones del Ayuntamiento ante su situación económica, obteniendo así mayores garantías para el cumplimiento del plan de ajuste y la devolución de los fondos.
González Peña ha recordado que la mayoría de ayuntamientos españoles en riesgo financiero se ha acogido a esta ampliación de la devolución de préstamos y cita como ejemplo el caso de Jerez donde, curiosamente, el grupo de Ciudadanos votó a favor. La misma critica que tanto el PP como Ai-Pro votaran en contra de la urgencia del punto y de que el pleno se celebrara telemáticamente, lo cual justifica la portavoz con el avance del COVID. Tras ese primer desencuentro, justifica la urgencia con la llegada de notificaciones de un día para otro desde el Ministerio de Hacienda. Alargado el plan de amortización de la deuda con el Ministerio, la también delegada municipal de Hacienda recuerda cómo en los fondos de ordenación aprobados en 2018 se incluyó la mayor parte de la deuda no contabilizada hasta 2015.
Entonces se pusieron sobre la mesa 23 millones de euros de los 30 sin aflorar, pero la oposición no quiso siquiera debatir el punto. Ahora tres millones y medio de euros se acogen a los fondos de ordenación con un interés más bajo del cero por ciento, generando un ahorro de más de 150.000 euros cada año. El siguiente punto del orden del día aprobó la refinanciación del periodo de amortización a siete años, lo cual permitirá otro ahorro de más de dos millones de euros en intereses.
En definitiva, “una ventaja financiera”, expresa González Peña. Se trata de un nuevo paso para ir reduciendo deudas con el consiguiente impacto en los servicios públicos, sean de limpieza, mantenimiento de colegios u otros. A pesar de la trascendencia económica de ambos puntos para el futuro de la ciudad, la oposición votó en contra, lo cual “no cabe en cabeza”, concluye la portavoz socialista.
