Dos meses más tarde desde que el Tribunal Supremo dictara la sentencia el 22 de julio, el Ayuntamiento de Chiclana comunicó la pasada semana la confirmación del veredicto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anuló el PGOU de Chiclana.
Era la decisión mayoritariamente esperada. No se ha producido ninguna sorpresa y el Tribunal Supremo, en esta primera sentencia anulatoria de más que tendrán que venir -dos de ellas a recursos ecologistas-, no ha dejado lugar a dudas en su interpretación sobre la ausencia de Evaluación Ambiental Estratégica.
Toniza señala que "tras cuatro planes generales de ordenación urbana anulados en los tribunales, una buena parte de la ciudadanía esperaba, con sana lógica, que algún responsable político y técnico asumiera su responsabilidad, al menos a la cuarta vez. Mucho nos tememos que el alcalde, José María Román, y la delegada de Urbanismo, Ana María González, y otros tantos dirán lo mismo: la culpa no es mía, la culpa es del otro. Son los que siguieron ciegamente las directrices de la Junta de Andalucía, gobernada en ese momento por el PSOE, para tramitar un PGOU ilegal, y los mismos que desatendieron las reiteradas advertencias de los ecologistas. El alcalde y la delegada de Urbanismo sí son culpables de este varapalo judicial, y deben responder de ello".
"Pensamos que de nada le sirve esa excusa al alcalde si no dice con nombre y apellidos quién es el responsable al que la ciudadanía le tenemos que pedir cuentas. No han sido solo políticos. También fue responsable en lo que les toca el ex secretario del Ayuntamiento, el jefe de los Servicios Jurídicos de Urbanismo, el director del equipo Redactor de los cuatro planes anulados y otros tantos funcionarios y responsables de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía que no advirtieron con claridad y de manera concluyente en sus informes la posibilidad de que el Plan General pudiera caer por no tener la Evaluación Ambiental prescrita en la Ley. Todos omitieron ese extremo en sus informes para que, al margen de la Ley, prosperase la voluntad de los políticos: tirar para adelante con un PGOU inviable y con crecimientos urbanísticos desorbitados, en vez de empezar de nuevo, como hace más de seis años advirtió Ecologistas en Acción con sólidos argumentos y aportando numerosas sentencias del Tribunal Supremo, que ignoraron", indica la asociación medioambiental.
Desde Toniza indican que "bueno es recordar que el PGOU, en esta ocasión, lo ha tumbado una empresa privada. Afortunadamente, no hemos escuchado a ningún filibustero acusar a la empresa de querer parar Chiclana o de estar en contra del progreso de nuestro pueblo o de pesetero por defender sus intereses particulares. Lo agradecemos y esperamos que cuando se falle el recurso que corresponde a Toniza-Ecologistas en Acción Chiclana, actuando en defensa del Medio Ambiente y del Interés General, no se le hagan esos reproches más propios de mafiosos desesperados que de políticos responsables".
"Estamos de acuerdo en que hay que mirar al futuro. Mirar al futuro sacando conclusiones del pasado, si no queremos caer en los mismos o similares errores. Para empezar, le recordamos al equipo de gobierno (PSOE-IU) un clamor ciudadano: que se disponga lo que sea menester, como ya se ha hecho, para que no vuelva a redactar el PGOU la misma empresa a la que se lo han tumbado en cuatro ocasiones. Más aún, llevamos escuchando que la tramitación de estos cuatro planes defenestrados nos ha costado a la ciudadanía entre 16 y 20 millones de euros, contabilizando todos los conceptos a ellos imputables. No basta eso, queremos saber la cantidad exacta desglosada y con las facturas correspondientes para saber exactamente lo que le ha costado a la ciudadanía de Chiclana la incompetencia y prepotencia del señor Román y compañía", indica la entidad.
Y añade que "todo ello mientras el señor Román y la señora González, en vez de elaborar un PGOU nuevo, se han preocupado más en aprobar planes y proyectos derivados de un PGOU que ahora, al ser declarado nulo, también provoca la nulidad radical de todo el planeamiento de desarrollo aprobado a partir de este PGOU ilegal (planes parciales, planes especiales…). Trabajo, tiempo y dinero empleado en balde".
Toniza recuerda que "y, aunque el PGOU haya caído, nadie debería olvidar que los especuladores siguen planificando y parcelando ilegal e impunemente nuestro municipio. Parcelaciones en todo tipo de suelos, sin descanso, al margen de la ley y agravando los ya de por sí alarmantes y desastrosos problemas urbanísticos, sociales y ambientales que la mitad de los habitantes de esta ciudad padecen. Tenemos mucho trabajo por delante, pero para abordarlo hay que dotar de medios suficientes a la inspección urbanística con el objetivo de frenar el caos reinante".
"También estamos de acuerdo con el alcalde, señor Román, que hay que aprovechar las oportunidades que nos han quedado con las Normas Subsidiarias de 1987. A la vez que advertimos que, de optarse por las Normas Sustantivas o Transitorias mientras llega la aprobación de un nuevo PGOU, éstas también requerirán de su Evaluación Ambiental Estratégica, lo que no se hizo en la ocasión anterior", dice la asociación.
Finalmente, "esperamos que, a partir de ahora, las decisiones que afecten al PGOU se adopten con total transparencia y que veamos algunos aspectos positivos más a la caída del PGOU por el recurso de esta empresa privada. Por ejemplo, la imprescindible evaluación ambiental a la que haya que someter al próximo PGOU, desde el principio, cuando todas las opciones estén abiertas, va a permitir que todas las decisiones urbanísticas importantes sean las que garanticen, como impone el Derecho Comunitario y la Constitución Europea, un alto nivel de protección del medio ambiente".
