El Grupo socialista del Parlamento de Andalucía ha elevado una pregunta al pleno de la institución, en demanda de que el Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), informe sobre la situación del proyecto correspondiente a la instalación de la futura ciudad de la justicia de Sevilla en el campus tecnológico de la multinacional Abengoa del sector Palmas Altas de la capital andaluza.
En concreto, en esta pregunta para su respuesta oral en el pleno recogida por Europa Press, los socialistas piden que Marín aclare "en qué situación se encuentra el proceso de adquisición y la puesta en servicio de las instalaciones de Palmas Altas como sede de la ciudad de la justicia de Sevilla", después de que este pasado verano trascendiese una segunda oferta de compra del recinto por parte de un fondo privado de inversión.
A tal efecto, recordemos que unas semanas antes de irrumpir la pandemia de Covid-19 y ser decretado el primer estado de alarma para frenar la propagación del virus, el consejero de de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local precisaba que la previsión era que ese mismo año fuese licitado el contrato correspondiente a las obras de adaptación del recinto tecnológico de Palmas Altas como nueva sede judicial y la instalación de nuevas dependencias en sus dos parcelas anexas, con un presupuestos máximo de unos 30 o 35 millones de euros y un modelo de "colaboración público privada" que implicaría una "contraprestación" durante determinado número de años en favor de la empresa adjudicataria.
LOS PLAZOS INICIALES
Dicha cuantía se sumaría a los 78 millones inicialmente destinados a la adquisición del complejo y sus dos parcelas contiguas con objeto de la ampliación del mismo, dibujando entonces Juan Marín un escenario en el cual "a finales de 2022 o durante el primer semestre de 2023" sería acometido el "traslado" de las dependencias y funcionarios de la administración de justicia a la nueva sede.
La multinacional Abengoa, recordémoslo, está actualmente bajo las riendas de una administración concursal, al haber sido declarada en concurso voluntario de acreedores tras no prosperar su última operación de reestructuración, al acumular a cierre de 2019 una deuda global de aproximadamente 6.000 millones de euros.
EN ESPERA DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL
Ya el pasado mes de julio, Juan Marín defendía que la oferta de la Junta de Andalucía para la adquisición del recinto había sido plenamente formalizada y su departamento estaba a la espera de que la administración concursal de Abengoa adoptase la "decisión" de aceptar la oferta de la Junta de Andalucía y adjudicarle el complejo.
Al punto, admitía además su "preocupación" ante el hecho de que un fondo privado de inversiones hubiese realizado "una oferta un millón de euros superior" a la de la Junta de Andalucía, pues la creación de un nuevo recinto que unifique diversas sedes judiciales diseminadas por Sevilla con unas instalaciones adecuadas para las actuales exigencias del servicio público de justicia constituye una reivindicación histórica de la capital andaluza, donde este proyecto ha girado en torno a múltiples propuestas y ubicaciones.
