La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado este miércoles la decisión del juez Santiago Pedraz de archivar la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por presuntos delitos de genocidio, debido a un error procesal, al considerar que el asunto debía haberse tramitado como procedimiento ordinario, no como procedimiento abreviado.
Los magistrados han explicado que los delitos señalados por ASADEDH --genocidio en concurso con delitos asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones-- "se encuentran castigados con penas que superan el límite objetivo del procedimiento abreviado".
Así, han indicado que debía haberse seguido el cauce del procedimiento ordinario o sumario, donde la decisión de archivar la querella corresponde a la Sala de lo Penal, no al juez instructor, y por ello han ordenado revocar el sobreseimiento libre acordado por Pedraz el pasado 29 de julio.
"Todo ello sin necesidad de analizar si los hechos podrían constituir el delito de genocidio regulado en el artículo 607 del Código Penal actual o señalando la existencia de contradicciones o insuficiencia de detalles en los relatos de los testigos", han aclarado.
En este sentido, la Sala de lo Penal ha apuntado que debe acomodarse el procedimiento para que, posteriormente, "con libertad de criterio, se dicten las decisiones oportunas respecto a la conclusión del sumario con o sin procesamiento de Brahim Ghali".
"INSUFICIENCIA" DE INDICIOS
ASADEDH se querelló contra más de una veintena de agentes del Frente Polisario y de la seguridad argelina a los que culpa de cometer graves violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis ubicados en Tinduf (Argelia) en un periodo temporal que iría de 1975 a 1990. En concreto, denunció una "limpieza étnica" contra las minorías tekna, aitusa, yegutt y contra los pobladores del ex Sáhara español.
Pedraz archivó la querella para Ghali al observar una "manifiesta insuficiencia" de indicios que apunten a que participó en los presuntos abusos, "contradicciones" en el relato de los denunciantes y falta de concreción en lo testimonios escuchados sobre la supuesta implicación del líder saharaui en los hechos.
Además, el magistrado entiende que la responsabilidad penal por estos presuntos delitos ha expirado porque el Código Penal (CP) aplicable es el de 1973, que establece un plazo de prescripción de 20 años, ampliamente superado.
Incluso si se aplicara el actual CP, razonó, "las conductas expuestas en la querella no integran todos los elementos del delito de genocidio", por cuanto no observa la "intención conjunta" de los acusados de "destruir total o parcialmente el propio grupo nacional al que pertenecen", aduciendo asimismo que "no hay rastros de esos subgrupos" en los que los querellantes dividen al pueblo saharaui según su localización geográfica.
OTRA QUERELLA CONTRA GHALI
Sin embargo, la de ASADEDH no es la única querella contra Ghali en la Audiencia Nacional. Pedraz tiene entre manos otra presentada por el activista saharaui de nacionalidad española Fadel Breica por las torturas que habría sufrido en los campamentos de Tinduf en 2019.
De acuerdo con Breica, al llegar allí agentes del Frente Polisario le amenazaron para que se fuera pero, lejos de hacerlo, organizó protestas, siendo arrestado y trasladado a centros de detención clandestinos donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas.
Esta segunda querella estaba a la espera de un último testigo, un hombre que habría estado detenido en la misma cárcel que Breica y que podría dar cuenta de las presuntas violaciones de los Derechos Humanos por las que se investiga al Frente Polisario.
Debía haber declarado el 29 de junio, pero tuvo que aplazarse al 27 de julio por problemas en la obtención del visado para venir a España. A día de hoy estos problemas persisten, por lo que Pedraz ha suspendido la testifical y sopesa el archivo de la querella y, por ende, el cierre de la causa, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
Por otro lado, el titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, estudia si hubo delito de prevaricación en la entrada y salida de Ghali de España. El magistrado ha citado para el próximo 4 de octubre a la ex ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya para que declare en calidad de imputada.
EL PASO DE GHALI POR ESPAÑA
Las acusaciones contra el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) cobraron impulso cuando se supo que estaba en España, específicamente en el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde fue ingresado el 18 de abril con un cuadro grave por complicaciones derivadas del coronavirus.
Ghali compareció el 1 de junio ante Pedraz por videoconferencia desde el centro sanitario, negando cualquier implicación en dichas violaciones de los Derechos Humanos. Su defensa ha esgrimido en sucesivos escritos que se trata de una causa política para minar las aspiraciones de autodeterminación del pueblo saharaui.
Tras escuchar al líder del Frente Polisario, Pedraz acordó dejarlo libre sin medidas cautelares al no ver indicios de delito en su contra. Pocas horas después, en la madrugada del 2 de junio, regresaba a Argelia en un avión medicalizado.
