Sin experiencia previa en el ámbito político, Rocío Blanco Eguren dio el salto a este mundo en 2019 como consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, consejería que calificó como “patata caliente”, todo ello gracias al ánimo que le dieron sus hijos. Este viernes respondió a las preguntas del periodista Fernando del Valle en el programa ‘La Alcazaba’, de 7 TV.
La cordobesa, que fue directora de la Tesorería General de la Seguridad Social en Málaga entre 2012 y 2019, cuando aceptó el cargo y se trasladó a Sevilla, explicó durante la entrevista que “Málaga es, desde luego, la provincia que está tirando de la economía regional. Los índices no son buenos en ninguna de las provincias, pero en los de Málaga son menos malos. En cuanto a la bajada de desempleo, Málaga ha bajado en el último mes 8.000 trabajadores, siendo la tercera provincia en la que más ha bajado el número de trabajadores desempleados en toda España”.
La pandemia del coronavirus ha hecho mella, cómo no, en el empleo. Según los datos ofrecidos por la consejera, durante el máximo de la pandemia, en Málaga hubo 22.000 empresas en ERTE y 41.000 malagueños. “Ahora mismo tenemos 3.668 empresas y 10.141 malagueños en esta situación”, detalló.
Las ayudas llegan, tanto para trabajadores como para los empresarios. Blanco ofreció los datos de la provincia. “Establecimos varias líneas: una para pagar la cuota, para pagar alquileres y otra de 1.000 euros. En total fueron 19 millones de euros en Málaga y unos 22.000 malagueños los que se beneficiaron de ello. La ayuda de mantenimiento de empleo, que es pagar el 35% del coste social a las empresas que han tenido trabajadores en ERTE, se han beneficiado 6.000 empresas y unos 23.000 malagueños, y de las ayudas de complemento a ERTES (para todos los trabajadores que han estado en ERTE y que no han tenido que presentar una solicitud), ha llegado a 85.000 malagueños y unos 21.000.000 de euros”, afirmó.
Pero, ¿quién paga todo esto? “Hasta ahora los ERTE se han pagado con el SURE, se han dado 21.000 millones al Gobierno de España, pero el resto se hace con fondos propios o con la Conferencia Sectorial. También se plantea mucho qué va a pasar. Yo sería partidaria de no ampliarlos más allá de Semana Santa porque esos ERTES coyunturales se convertirán en estructurales y tenemos el riesgo de seguir financiando empresas inviables”, reconoció.
Subida del SMI
Poco partidaria de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), explicó sus razones. “Parece que quien tiene reticencias no está a favor de los trabajadores. Estamos en una economía capitalista, donde el empleo depende de la productividad que tengas. Va a haber economía sumergida, se van a reducir las contrataciones, vamos a ir contrataciones a tiempo parcial… Va a afectar a las personas menos cualificadas y a los jóvenes”, afirmó.
Para evitar esta situación, es defensora de promover la formación entre los trabajadores. “Lo llevo diciendo desde el inicio de la pandemia: tenemos que aprovechar para formar a los trabajadores, sobre todo los que tienen una productividad baja añadida a la empresa”, dijo.
Consejera aferrada a su equipo, del que dice que “sin ellos no soy nada”, rechazaría otro cargo político en el futuro. “Yo soy gestora y me da igual la función pública”, dijo. Sí que quiere ver finalizados dos proyectos: el desarrollo de la formación profesional para el empleo en Andalucía, que esa recualificación de los trabajadores pudiese venir de la mano de la comunidad autónoma, una formación que es la política activa de empleo más importante y un arma para incrementar la empleabilidad", así como la reforma del Servicio Andaluz de Empleo, “que es lo más difícil que tenemos”.
