El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido una diligencia de ordenación solicitando de nuevo a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente la entrega de la documentación relacionada con la autorización ambiental unificada (AAU) para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, proyecto promovido por Minera Los Frailes, una sociedad instrumental de Grupo México y Minorbis. El TSJA advirtió a la Consejería que, en caso de no recibir la documentación requerida en el plazo establecido, se impondrá una multa coercitiva de entre 300 y 1.200 euros, la cual será reiterada cada 20 días hasta que se cumpla con la orden.
Este requerimiento se produce en el contexto de un recurso interpuesto por Ecologistas en Acción, que ha impugnado diversos actos relacionados con la concesión de la autorización ambiental unificada para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, cerrada desde 2002 tras la catástrofe medioambiental ocurrida en 1998 debido a la fractura de la balsa de residuos de metales pesados. Los ecologistas alegan que no se ha cumplido con la obligación de informar y permitir la participación pública, además de cuestionar la evaluación ambiental y la falta de medidas para prevenir el impacto del vertido de aguas contaminadas al Guadalquivir.
En su diligencia, el TSJA subraya que, a pesar de que ya han transcurrido más de 20 días desde que la Consejería fue notificada, aún no se ha recibido el expediente administrativo, por lo que se ha requerido de nuevo su remisión, esta vez mediante un oficio enviado por fax. Además, el tribunal exige que se identifique a la autoridad o funcionario responsable de la falta de entrega, ya que, en caso de no poder individualizar a los responsables, la Administración será directamente responsable de la multa.
La autorización ambiental unificada fue suspendida temporalmente en agosto de 2024 después de que Ecologistas en Acción presentara un recurso de alzada. Este recurso fue desestimado por la Consejería, aunque la autorización sigue pendiente de la resolución final sobre el impacto ambiental del proyecto. Los ecologistas advierten sobre el peligro de los vertidos tóxicos que podrían dañar los recursos hídricos y el entorno natural de la zona, mientras que la empresa Minera Los Frailes asegura que se implementarán medidas de control y depuración para evitar dichos impactos.
El proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar prevé la creación de unos 2.000 empleos directos e indirectos y la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos durante los próximos 17 años. A pesar de las garantías ofrecidas por la empresa y la Junta de Andalucía, los ecologistas mantienen sus preocupaciones sobre el impacto ambiental del proyecto, en especial sobre el vertido de metales pesados como arsénico, cadmio y plomo, al Estuario del Guadalquivir, un área protegida de la Red Natura 2000.
