El Juzgado de Instrucción 6 de Almería ha acordado tribunal de jurado en la causa penal contra el policía local adscrito al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital que fue detenido en 2018 al hallar indicios de que se conchabó con un arquitecto "de su confianza" para presuntamente obtener dinero de forma ilícita haciendo creer a particulares y empresas que había irregularidades en las obras menores que estaban ejecutando.
El magistrado Manuel José Rey Bellot desgrana en un auto, consultado por Europa Press, al menos 13 casos de víctimas de este modo de operar del agente de la Policía Local y del arquitecto, y les atribuye a ambos la presunta comisión de un delito continuado de cohecho, aunque al funcionario le considera autor material y al segundo investigado, cooperador necesario.
En la resolución, indica que, de las diligencias practicadas, se infiere indiciariamente que el policía local, "aprovechando su función pública" como agente adscrito al Área de Urbanismo, y el arquitecto, de "su confianza", habrían actuado "en connivencia" para obtener "beneficio ilícito".
El magistrado señala que, tras tener conocimiento de obras menores en inmuebles "bien de oficio o bien por orden de un jerárquico superior", el agente se personaba supuestamente "en el lugar" y, tras realizar varias fotografías del estado de las obras "infringiendo la normativa administrativa a la que estaba sujeto", comunicaba a sus responsables "la existencia de irregularidades".
En este punto, según se recoge en el auto, les advertía supuestamente de que para evitar o anular la supuesta infracción urbanística cometida y su correspondiente sanción, "se requería la realización de un proyecto de obra menor" y "recomendaba" para su elaboración al segundo investigado.
El arquitecto entonces, tras contactar con las víctimas, les requería presuntamente una cantidad económica "a repartir entre ambos", pese a que "no concurrían las irregularidades anunciadas y eran innecesarios los proyectos de obra requeridos".
De acuerdo a lo que se detalla en el auto, de los 13 casos que se han podido documentar a lo largo de la instrucción, sólo una de las víctima habría llegado a entregar dinero; en concreto, 500 euros pese a que contaba con licencia municipal para las obras que ejecutaba en un inmueble "de su propiedad".
Las cuantías supuestamente requeridas oscilan entre los 4.200 euros pedidos por el proyecto a una mercantil a los 400 euros que se habrían solicitado a un particular, aunque normalmente esta cuantía habría ascendido a entre 1.000 y 1.500 euros.
EL AYUNTAMIENTO, RESPONSABLE CIVIL SUBSIDIARIO
El Juzgado de Instrucción 6 de Almería también dirige la causa penal que ahora se tramitará por la ley del tribunal de jurado contra el Ayuntamiento como responsable civil subsidiaria ya que, según sostiene, los hechos a enjuiciar se produjeron en el ámbito del "ejercicio del cargo de funcionario público" de la administración local.
Añade que la consecuencia "fue la lesión producida al funcionamiento de los servicios públicos que le estaban encomendados" y rechaza las alegaciones del letrado municipal, quien argumentó que los hechos supuestamente cometidos fueron realizados por el funcionario público "por su cuenta y riesgo, sin conocimiento ni posibilidad de control de tales actos por el Ayuntamiento".
En la comparecencia el sede judicial para concretar la imputación, el Ministerio Fiscal achacó a los investigados la presunta comisión de un delito continuado de cohecho como autor material y como cooperador necesario. La acusación particular se adhirió mientras que las defensas pidieron el archivo y sobreseimiento, sin que ninguna parte solicitase la práctica de diligencias.
