La Audiencia Provincial de Almería acogerá en junio del próximo año el juicio contra un hombre acusado de liderar un grupo de corte islamófobo que fue intervenido por la Guardia Civil tras varios episodios de violencia y xenofobia, entre ellos, la identificación de ciudadanos marroquíes a los que se increpaba por la calle a través de "patrullas nocturnas de vigilancia" que sus miembros iniciaron "asumiendo funciones pseudopoliciales de control e interrogatorio" en el municipio de Antas (Almería).
En concreto, fuentes judiciales han indicado a Europa Press que la Sección Tercera acogerá la vista oral en tres sesiones desde el 26 de junio en adelante que arrancarán con el interrogatorio del encausado, para el que la Fiscalía solicita siete años de prisión, a las que seguirán las declaraciones de los testigos y la práctica de prueba.
El Ministerio Público acusa al principal sospechoso de dos delitos contra los derechos fundamentales y libertades públicas, uno de ellos en concurso con un delito leve de lesiones, y otro de tenencia ilícita de armas tras haberle intervenido durante un registro en su vivienda dos puños americanos y una navaja negra con una esvástica roja grabada, todas ellas armas prohibidas conforme al Reglamento de Armas de 1993.
El fiscal detalla en su escrito provisional, consultado por Europa Press, las conductas detectadas desde el verano de 2019 en adelante por parte del acusado, quien ya cuenta con dos condenas anteriores --una de ellas suspendida de nueve meses de prisión-- por amenazar a un ciudadano marroquí con prenderle fuego a él y a su casa así como otra por la agresión a hombre musulmán.
En concreto, le responsabiliza de la aparición en Antas de carteles y pasquines "con tintes racistas y xenófobos" el 31 de julio de 2019 en los que identificaban a la población árabe como la "causa de la inseguridad del pueblo", sentido en el que también se incluían reproches a quienes les alquilaban viviendas.
En sus mensajes decían: "queremos dejar claro también, que son tan culpables las personas que roban como quienes les alquilan sus casas", sentido en el que además añadían que "tan culpable es el enemigo como quien mete en casa al enemigo".
Estos carteles aparecía firmados por el colectivo 'Antas Klan', un nombre que, según analiza el fiscal, "está inspirado en el grupo supremacista blanco Ku Klux Klan". La dirección y toma decisiones del grupo se atribuye al acusado, puesto que además habría participado en la "confección y distribución" de los papeles. "Vecinos de Antas, podéis estar tranquilos, hemos tomado el control de la situación. Volverá a reinar la tranquilidad en nuestro pueblo por las buenas o por las malas", añadían en sus notas.
Durante la intervención de la Guardia Civil en su domicilio dentro de la 'Operación Malaquita', al acusado se le aprehendieron además de las armas numerosos carteles de la organización 'Antas Klan' y dispositivos electrónicos de los que se habría servido para sus actividades ilícitas.
EXTENDER UN "SENTIMIENTO DE RECHAZO"
La Fiscalía sostiene que los carteles tenían la finalidad de que "el sentimiento de rechazo hacia los inmigrantes" por parte de los integrantes del grupo "se hiciese extensivo a toda la localidad, tratando que los árabes se sintiesen incómodos, inaceptados e incluso se les denegase la posibilidad de alquilar casas en el pueblo y así tener que marcharse".
Tras la aparición de estos carteles, el acusado y otros jóvenes no identificados del pueblo habrían iniciado "patrullas nocturnas de vigilancia" en las que habrían interrogado a ciudadanos marroquíes "pidiéndoles explicaciones de por qué se encontraban en la calle o a dónde se dirigían, acorralándoles e increpándoles con un tono intimidante".
En esta línea de rechazo, el fiscal recoge otros episodios que implicarían al acusado en la realización de pintadas "nazis" en noviembre del mismo año, como son la cruz celta, símbolo del orgullo blanco a nivel internacional, y la frase 'Kapitulieren? Nein!', es decir, '¿Capitular? No'; una consigna que aparecía en los muros de las ciudades alemanas hacia el final de los combates de la Segunda Guerra Mundial relacionada con el líder nazi Rudolf Iless.
También hicieron pintadas con los lemas 'Moros de mierda' y 'Stop invasion' con las que los acusados "eran conscientes de crear un clima de repulsa y rechazo en Antas hacia los inmigrantes".
Igualmente, el acusado consiguió un permiso municipal para organizar un acto social con motivo del Día de la Hispanidad el 12 de octubre, lo que le permitió montar un bar y un escenario en el que "se exhibieron símbolos afines a la extrema derecha como el águila bicéfala sobre la Cruz de Borgoña" toda vez que "se dio lectura mediante megafonía de un discurso en el que, entre otras expresiones, se exaltaba la figura de Franco porque 'no había inmigrantes en España'".
AGRESIÓN CON OTROS DOS ACUSADOS
La Fiscalía identifica además a otros dos acusados, a los que pide para cada uno un año y medio de cárcel entre otras penas de multa por lesiones, que habrían participado con el principal investigado en la agresión a un ciudadano de origen marroquí que acudió a los festejos con motivo del Día de la Hispanidad en el municipio.
Según el Ministerio Público, al detectar su presencia los acusados se habrían dirigido a él con la finalidad de "herir su amor propio y dignidad" para "vejarlo por el mero hecho de ser extranjero" junto con otras personas no identificadas, quienes ayudaron a rodearlo para increparlo.
Tras varias amenazas de agresión, el principal acusado habría comenzado a empujarle y a golpearle hasta hacerle caer al suelo, de modo que la víctima tuvo que ir a refugiarse en su vehículo mientras era agredido conforme llegaba al mismo por los acusados, según la investigación realizada.
Una vez alcanzó su coche, y ante las amenazas recibidas, los acusados habrían comenzado a "aporrear el vehículo" causándole desperfectos. Asimismo, uno de los vecinos que se encontraba en la zona acudió en auxilio de la víctima, si bien su acción fue reprochada por uno de los acusados, quien le habría dado un golpe en la cara.
INHABILITACIÓN PARA LA ENSEÑANZA
Además de las penas privativas de libertad y multas que se elevan hasta los 12 euros diarios durante 23 meses, la Fiscalía solicita que el acusado principal sea inhabilitado durante 16 años para ejercer profesión u oficio educativo en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, mientras que la misma petición por un periodo de cinco años la realiza para los otros dos investigados. Asimismo, reclama 6.350 euros de indemnización por daños materiales y daños morales a la víctima de la agresión.
En esta línea, el fiscal apunta que el principal acusado, además de administrar varios perfiles en redes sociales "radicalizados de extrema derecha", participa como "dinamizador" de una grada de fútbol "con el mismo perfil ideológico", toda vez que participa de un movimiento asociativo juvenil que sigue la misma línea.
"Desde todas estas cuentas y organizaciones, además de retroalimentar el sentimiento de odio xenófobo entre los participantes, se transmite públicamente a la sociedad la repulsa hacia estos colectivos señalándoles como culpables de problemas como la inseguridad en las calles, la falta de ayudas económicas para los ciudadanos españoles o el paro", destaca la Fiscalía en refuerzo a sus tesis sobre la incitación al odio en la que habría concurrido el acusado.
