La Fiscalía Provincial de Almería ha solicitado penas de prisión, que llegan hasta los nueve años, para 24 personas implicadas en una presunta red que se habría lucrado o beneficiado de la regulación de personas inmigrantes no comunitarios mediante la constitución fraudulenta de parejas de hecho o la falsificación de empadronamientos, de modo que en algunos casos habrían contado con la labor de una funcionaria del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, sin que conste su vinculación con dicha organización.
El escrito provisional de acusación del Ministerio Público, estima que los acusados habrían actuado conforme a un "plan establecido" a partir de un reparto de funciones con el fin de obtener un "beneficio económico", de manera que cada uno de los miembros del grupo "desempeñaba un cometido específico, contando la red con una clara estructura jerárquica organizada de modo piramidal".
El grupo de "carácter estable y permanente", que habría operado al menos entre 2015 y mayo de 2017, habría funcionado principalmente de dos formas para conseguir beneficios económicos mediante la regularización de inmigrantes: bien mediante la constitución de forma fraudulenta de parejas de hecho, para después obtener permisos de residencia; o bien mediante falsos empadronamientos con los que solicitar reagrupaciones familiares o regularizar su situación "vulnerando la legislación vigente en materia de extranjería".
En base a la diligencias instruidas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Roquetas de Mar, la fiscal señala a la pareja formada por M.I.M.R. y A.K. como "líderes de la organización", por lo que solicita para cada uno de ellos nueve años de cárcel acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental continuada.
Así, sostiene que la pareja era la encargada de tareas como asignar funciones al resto de miembros de la red, decidir las cantidades a cobrar y cómo se repartían el dinero obtenido de los interesados en regularizar su situación administrativa, para lo que habrían contado con otras seis personas destinadas captar a los interesados en realizar los empadronamientos y constituir las parejas de hecho, así como de comunicar el precio de los servicios, hacerse con los pagos y recopilar documentación.
De otro lado, y para conseguir efectuar los empadronamientos, otros cinco acusados ponían a disposición de la organización las viviendas de las que eran propietarios en Roquetas de Mar para inscribir a los inmigrantes en el padrón, a sabiendas de que "nunca llegarían a residir" en ellas. Para estos once implicados la Fiscalía interesa seis años y nueve meses de prisión por delitos de falsedad, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a organización criminal.
UNOS 3.000 EUROS POR TRÁMITE
En cuanto a la constitución de parejas de hecho fraudulentas, la organización se habría dedicado a captar a extranjeros a los que se le ofrecía, a cambio de unos 3.000 euros, regularizar su situación mediante su inscripción como pareja de hecho con una mujer española o comunitaria con residencia legal en España.
Estas mujeres también habrían recibido parte del dinero por acceder al trato, al igual que los propietarios de las viviendas que figuraban como domicilio familiar y que eran usadas para los empadronamientos con tal de "burlar los requisitos exigidos en la legislación en materia de extranjería para la estancia" en el país.
Así, y de acuerdo con la acusación de la Fiscalía, era la organización la que gestionaba los trámites de empadronamiento e inscripción en el registro de parejas de hecho; una documentación que se incorporaba en los expedientes administrativos pero que "no obedecía a la realidad, llevando con ello a engaño a los funcionarios" para la obtención de resoluciones y documentos favorables.
Para ello, los supuestos 'cabecillas' de la banda se implicaban personalmente, de modo que mientras que M.I.R.M. habría "buscado a mujeres en situación de necesidad" a las que proponer el trato y habría "asesorado" a las parejas para pasar la entrevista, entre otros trámites, A.K. se habría encargado de captar a inmigrantes para ponerlos en contacto con estas mujeres.
En total constan seis parejas de hecho fraudulentas en las que, además de la participación de los actores, habría colaborado un tercero al disponer de su vivienda para el posterior empadronamiento. Para ellos se solicitan penas de entre dos años y tres meses y un año y tres meses de prisión, con multas económicas y, en su caso, la sustitución de una pena privativa de libertad por la expulsión del país durante ocho años.
VIVIENDAS CON HASTA NUEVE EMPADRONADOS
En el caso de los empadronamientos supuestamente fraudulentos orquestados para que los inmigrantes pudieran conseguir permisos de trabajo o residencia, acogerse a reagrupaciones familiares u obtener la nacionalidad, los acusados trataban de contactar, por un lado, con extranjeros interesados dispuestos a pagar una cantidad y, por otro lado, a propietarios de viviendas, algunos de los cuales llegó a autorizar hasta nueve empadronamientos en su casa.
También se achaca a la principal acusada haber empleado los datos de la persona a la que tenía arrendada la vivienda en la que ella habitaba para "confeccionar contratos de arrendamiento", para lo que "imitaba su firma". De esta forma habría realizado, al menos, cinco contratos ficticios.
Como tercera vía, la Fiscalía apunta la realización de "empadronamientos masivos de ciudadanos extranjeros en situación irregular" en viviendas de Roquetas de Mar, para lo que los miembros de la organización se habían hecho de manera desconocida con los datos de los propietarios para, o bien hacer "arrendamientos ficticios" o para "rellenar las solicitudes de empadronamiento en los referidos domicilios, imitando las firmas de los legítimos propietarios". De esta manera se efectuaron empadronamientos en once viviendas.
PRESUNTA PREVARICACIÓN DE UNA FUNCIONARIA
La Fiscalía acusa además de un delito de prevaricación administrativa y otro de falsedad a una funcionaria del Ayuntamiento de Roquetas de Mar quien, sin que conste su vinculación con la organización ni que recibiera ningún dinero de la misma, habría inscrito a inmigrantes en el padrón "a sabiendas que no residían en las viviendas donde se solicitaba el empadronamiento".
La funcionaria, que se enfrenta a cinco años de prisión y otros 13 de inhabilitación, habría materializado el empadronamiento "sin la presencia del interesado ni del propietario" conforme a la acusación de la fiscal, que detalla una decena de grabaciones en el padrón municipal efectuadas entre marzo y mayo de 2017 "a sabiendas" de que todo era "ficticio".
En este sentido, la trabajadora registró los empadronamientos solicitados por algunos de los acusados, quienes entregaron la documentación sin que la persona interesada se presentara en las oficinas, de modo que incluso habría llegado a rellenar ella misma una hoja de solicitud inscripción antes de expedir el certificado.
