La historia del hotel construido por Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), es la de una maraña judicial que todavía no ha terminado de desenredarse, como demuestra que 20 años más tarde el Tribunal Supremo (TS) considere que la licencia municipal es aún “plenamente legal”.

El último hilo de esta maraña es la sentencia del Supremo, conocida este miércoles, que rechaza el recurso de Greenpeace que solicitaba la nulidad de la licencia para construir el hotel en pleno Parque Natural de Cabo de Gatga-Níjar, lo que deja en el tejado del Ayuntamiento de Carboneras la decisión de revisar la licencia de obras.

Fue el 13 de enero de 2003 cuando se aprobó la licencia para la construcción del complejo hotelero, cuya edificación comenzó en mayo de ese mismo año. En febrero de 2006 un juzgado de Almería ordenó la paralización de las obras del hotel como respuesta a la demanda presentada por la asociación Salvemos Mojácar contra la edificación.

A finales de marzo de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó la suspensión cautelar de las obras. En septiembre de ese año el Juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo de Almería dictó la nulidad de la licencia concedida en 2003 y el Ayuntamiento de Carboneras anunció que recurriría esta decisión judicial.

Ya en 2009, la Comunidad Autónoma de Andalucía recurre ante el TS el dictamen del TSJA contra el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar de 2008, que liberaba de protección la zona de la playa donde se encuentra el hotel.

En febrero de 2009 la organización ecologista Greenpeace cubre el hotel con tela para forzar su derribo, mientras que la Fiscalía General del Estado ordena la apertura de diligencias de investigación para dirimir presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

En octubre de 2010, el Supremo dictamina que el suelo de la zona de El Algarrobico es de máxima protección.

CONVENIO JUNTA-GOBIERNO

En noviembre de 2011, Junta y Gobierno firman un convenio que estipula que el Ejecutivo central asumirá la demolición del inmueble, y el andaluz la restauración de la zona. En junio de 2012, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica una resolución por la que se declara la zona en la que se encuentra el complejo hotelero como espacio protegido no urbanizable.

A finales de marzo de 2012, el Supremo desestima el recurso del Ayuntamiento de Carboneras contra la decisión de la Audiencia Nacional de mantener el deslinde de 100 metros desde la línea de costa, frente a los 50 metros defendidos por el Consistorio.

En junio de ese mismo año, el TSJA anula el Plan de Ordenación 2008 y restablece el paraje como espacio protegido no urbanizable. El tribunal estima un recurso de Greenpeace.

En noviembre, el TS desestima un incidente de nulidad presentado por la promotora del hotel y dictamina que no tenía derecho a indemnización en caso de derribo, al considerar que debió adaptar el proyecto a la Ley de Costas.

CASCADA DE SENTENCIAS

En 2014 se produce una cascada de sentencias del TSJA, que en marzo declara urbanizable el suelo sobre el que se asienta el Algarrobico, en julio falla a favor de la licencia municipal, y en diciembre acuerda suspender las actuaciones sobre el nivel de protección del parque. Ya en mayo de 2015, el alto tribunal andaluz resuelve no anular la sentencia municipal de licencia de obras.

En diciembre de 2015, el Constitucional no admite a trámite el recurso presentado en junio anterior por Salvemos Mojácar en relación con la sentencia del TSJA que declaró legal la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, por no vulnerarse derecho fundamental alguno.

En febrero de 2016, el Supremo falla contra la sentencia del TSJA que declaró urbanizable el terreno en el que se edificó el hotel. Ese mismo mes el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) anuncia que participará al 50 % tanto en los gastos de demolición del hotel, como en los de desescombro y restauración ambiental de esta playa protegida.

En mayo de 2020, Greenpeace solicitó por escrito al TSJA que tramitase por la vía de urgencia la votación sobre la demolición del hotel. En octubre de ese mismo año, el presidente andaluz, Juanma Moreno, anuncia que el proyecto de Presupuestos para 2021 incluirá una partida para financiar los primeros trabajos de demolición.

Ese mismo mes se anuncia que los servicios jurídicos de la Junta estudian la posibilidad de ejercer la vía civil en el caso del hotel, ya que para poder realizar su demolición debe ejercer el derecho de retracto y estar en posesión del mismo. Un mes más tarde, el Gobierno pide a la Junta convocar la comisión Mixta de Seguimiento prevista en el protocolo firmado en 2011.

SIN INDEMNIZACIÓN, SEGÚN LA AN

En febrero de 2021, la Audiencia Nacional (AN) rechaza la responsabilidad patrimonial del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Carboneras por los daños económicos a la promotora del hotel.

En mayo de ese año, la Sala de lo Contencioso del TS acuerda remitir al TSJA todas las resoluciones que ha dictado desde el 20 de julio de 2020 relativas a la sentencia que declaró como área ambientalmente protegida y no urbanizable la zona donde se ubica el hotel.

El TSJA desestima en julio de 2021 la petición de Greenpeace para iniciar un expediente de demolición del hotel, al menos hasta que se anule la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento.

Ese mismo mes, Greenpeace presenta un escrito ante el TSJA para que decida si el alcalde de Carboneras (Almería), José Luis Amérigo (PSOE), ha cometido un delito de desobediencia.

En julio, el Ayuntamiento anuncia que comienza los trámites para anular el sector urbanístico ST-1, en el que se ubica el paraje de El Algarrobico, en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

En julio del año pasado, el TSJA apercibe al regidor carbonero con multas semanales de 250 euros si no cumple la sentencia que obliga al Ayuntamiento a calificar como no urbanizables los suelos de El Algarrobico. El gobierno local pide más tiempo poco después.

En octubre, el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, informa de que se ha vuelto a consignar este año en sus presupuestos una partida de 1,1 millones de euros destinada al derribo, la misma que en los anteriores presupuestos se incluyó con cargo al programa de Información Ambiental y Dinamización Socioeconómica Sostenible de la Consejería de Agricultura.

NUEVAS VUELTAS CON LAS INDEMNIZACIONES

En diciembre, el TS adelanta el fallo hecho público este miércoles: considera que la licencia del hotel es “plenamente legal” en la actualidad y que el Ayuntamiento debe proceder a su revisión.

Unos días más tarde, el TSJA acuerda que se designe a un perito judicial para que determine el valor que tenían las fincas de El Algarrobico en 2006 con el objetivo de conocer la posible merma económica sufrida por Azata, dentro de uno de los dos procedimientos de responsabilidad patrimonial aún pendientes en el alto tribunal andaluz.

El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) publica en enero de este año un dictamen que rechaza que la Junta de Andalucía deba indemnizar a Azata Patrimonio SL con 28.811.649,93 euros por la anulación judicial del planeamiento urbanístico de Carboneras, en el que desde 2009 figura como urbanizable el paraje de El Algarrobico.