El caso 'Poniente', la macrocausa de mayor envergadura instruida en la provincia de Almería vinculada a una trama de corrupción empresarial y política ligada al Ayuntamiento de El Ejido, cuenta con su primera sentencia judicial 16 años después de que comenzaran las investigaciones en 2007, con la primera denuncia ante la Fiscalía.
La instrucción se prolongó durante nueve años antes de iniciarse una vista oral en 2020 que se extendió durante 18 meses en dos escenarios distintos a causa de la crisis del covid-19 y tras la que ha habido que aguardar 626 días hasta contar con un fallo aún susceptible de recurso.
La operación estalló el martes 20 de octubre de 2009 con el registro por parte de la Policía Nacional y funcionarios de la AEAT, bajo orden de la Fiscalía Anticorrupción y en coordinación con el Juzgado de Instrucción 2 de Almería, en el Ayuntamiento de El Ejido y en la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), así como en una decena sedes relacionadas con la mercantil, cuyo socio privado era Abengoa, y en viviendas de los investigados, lo que extendió la trama a Sevilla y Madrid.
La actuación policial se saldó en la primera fase con una veintena de detenciones, entre ellas la del exalcalde de El Ejido Juan Enciso, quien entonces gobernaba bajo las siglas del PAL --cuya sede también fue registrada--, la del ex interventor municipal José Alemán, administradores de algunas subcontratas de Elsur y varios de sus familiares.
La trama, por la que llegaron a estar imputadas más de 80 personas en algún momento de la instrucción, se había iniciado meses antes con el minucioso seguimiento de las conversaciones telefónicas de los principales actores y sus movimientos bancarios y patrimoniales. No en vano, la Fiscalía acreditó que, entre 2002 y 2009, se podrían haber detraído hasta 71,5 millones de euros de las arcas municipales.
La juez instructora Montserrat Peña, quien mantuvo el secreto de las actuaciones prácticamente en su totalidad hasta enero de 2011 --más de 15 meses después de la intervención policial--, decretó el ingreso en prisión de Enciso y de otras siete personas que, con el pago de las fianzas que se les impusieron, consiguieron eludir la privación de libertad.
En el caso del exalcalde, no fue hasta el 15 de junio de 2010 cuando pudo abandonar la cárcel de Albolote (Granada) tras abonar 300.000 euros. Apenas dos semanas después lo haría también Alemán, con una fianza que se duplicó hasta los 600.000 euros para poder abandonar el centro penitenciario de 'El Acebuche'.
65 PROCESADOS TRAS LA INVESTIGACIÓN
La instrucción en la que se produjeron nuevos arrestos ante el aumento de las ramificaciones se cerró el 20 de junio de 2016, cuando la juez ordenó el procesamiento de 65 personas y acordó el sobreseimiento respecto a 13 de los investigados, cuatro de ellos a causa de su fallecimiento.
El informe pericial solicitado a la Agencia Tributaria fue uno de los principales elementos que dilató las actuaciones durante la compleja fase de investigación, ya que esta prueba no fue entregada hasta febrero de 2014. De otro lado, la avalancha de recursos impulsados ante el auto de procesamiento también dilató la fase intermedia del procedimiento, de tal modo que la Fiscalía no dio a conocer su escrito de acusación hasta noviembre de 2017, cuando ya habían pasado ocho años desde las primeras detenciones.
Al tiempo que se avanzaba en la preparación del juicio surgieron nuevas necesidades a las que había que responder para acoger la vista oral debido al alto número de investigados. La Junta de Andalucía efectuó a mediados de 2019 unas obras de adaptación y remodelación en el Palacio de Justicia de Almería, con una inversión de unos 30.000 euros, que entre otros aspectos permitieron articular una sala para dar cabida a todas las partes del juicio.
No obstante, no fue hasta el 10 de enero de 2020, más de una década después de la intervención en el Ayuntamiento, cuando arrancó la vista oral con cuestiones previas y un total de 49 acusados, cinco de los cuales abandonaron la sala de la Sección Tercera a los pocos minutos, ya que fueron absueltos porque sus delitos habían prescrito.
Las cuestiones previas planteadas ante el tribunal presidido por Társila Martínez junto a los magistrados Ignacio Angulo y Jesús Martínez Abad, este último como ponente, llevaron a la primera de las seis modificaciones del calendario de sesiones, ya que la Fiscalía Anticorrupción pidió "más tiempo" para dar respuesta a las defensas de los 44 acusados.
Finalmente retiró los delitos contra la Hacienda Pública en los periodos impositivos de entre 2002 y 2005 por prescripción y rebajó sus peticiones en las penas de prisión, en algunos casos, hasta la mitad. Con ello, se fijó la primera sesión para la declaración de los investigados el 30 de marzo de 2020; una fecha truncada ante la declaración del estado de alarma a causa del covid-19.
EL JUICIO SE TRASLADA 14 KILÓMETROS
La irrupción de la pandemia prolongó el juicio de la macrocausa durante 18 meses desde su inicio, con continuos cambios en el calendario ante las restricciones derivadas del coronavirus. La necesidad de mantener la distancia interpersonal llevó a la presidenta del tribunal a dictar una providencia en junio de 2020 en la que apuntaba que el Palacio de Justicia, el cual había sido objeto de obras de adaptación, no reunía las condiciones para seguir celebrando el juicio.
Así, la Junta de Andalucía estableció como nueva sede para continuar el acto el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, en Roquetas de Mar, a casi 14 kilómetros de la Audiencia Provincial y fuera del término municipal de la capital, lo que conllevó una inversión adicional de 44.000 euros.
El caso hacía honor a su nombre al discurrir ya hasta su finalización en la comarca del Poniente almeriense. Las sesiones se retomaron el 16 de febrero de 2021 con los primeros interrogatorios ya que, si bien la reanudación del juicio se había programado para un mes antes, en concreto, el 12 de enero, el positivo en covid-19 de siete acusados y dos abogados conllevó la suspensión.
Los interrogatorios comenzaron con José María Marañón, consejero delegado de Elsur y entonces presidente no ejecutivo de Agua y Gestión de Servicios, mercantil vinculada al denominado Grupo Abengoa. No fue hasta el 2 de marzo de 2021 cuando el exalcalde ejidense habló públicamente dentro del proceso para negar que hubiese recibido "prebendas" en el marco de la trama ni facilitara la sustracción de dinero público.
El desarrollo de la vista oral se vio ensombrecido el 24 de marzo de 2021 ante el fallecimiento del teniente fiscal de Almería y delegado de la Fiscalía Anticorrupción, Jesús Gázquez, quien lideró durante casi 14 años la investigación y se empleó hasta el final en la causa hasta que fue relevado por Jesús Juan Cruz. Su memoria fue honrada por los miembros del tribunal y las partes en la sesión del día siguiente con un minuto de silencio.
Tras casi seis meses de sesiones en el Palacio de Congresos y un año y medio de juicio en total, el caso quedó visto para sentencia; un fallo que se ha hecho esperar durante 626 días con constantes apremios especialmente durante los últimos seis meses, en los que el presidente de la Audiencia Provincial de Almería, Luis Miguel Columna, ha ofrecido distintas previsiones e incluso llegó a pedir "perdón" públicamente por la tardanza.
La demora llevó en diciembre de 2022 al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, a urgir al tribunal el dictado de su sentencia; un tema sobre el que también se interesó el servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante la visita que turnó el pasado mes de febrero ante las importantes dilaciones que han hecho que el caso Poniente sea uno de los más vastos del país.
