Marlaska dice que se protege tanto derechos de reclusa como los de madre del niño Gabriel

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado este lunes que responsables de su departamento han ofrecido toda la información necesaria a Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, asesinado por la expareja del padre del menor, y ha dejado claro que "se está protegiendo y conjugando tanto los derechos de la víctima como los de la reclusa".

La madre del niño Gabriel comparecerá mañana en el Senado para exponer, a su juicio, las "irregularidades que están sucediendo en referencia a la pena privativa de libertad" de la condenada por el crimen a prisión permanente revisable, Ana Julia Quezada.

Patricia Ramírez denunciará la intención “espuria” de Quezada de realizar un documental /serie televisiva sobre el caso de Gabriel y expondrá los "continuos incumplimientos" que, considera, se están cometiendo en la cárcel de Ávila.

En declaraciones a los periodistas tras inaugurar en la cárcel de mujeres de ALcalá-Meco los nuevos cursos de verano de la UNED, el ministro ha asegurado que, si bien él no hablado personalmente con Patricia, sí que responsables de Prisiones y de su departamento han estado en contacto con ella.

"Quiero resaltar la profesionalidad del conjunto de funcionarios de instituciones penitenciarias, en concreto en este caso, pero en todos, pero en este caso, protegiendo, evidentemente, los derechos de los internos y los derechos de las víctimas, eso es un principio básico y en este caso se ha respetado de una forma absoluta", ha zanjado.

El pasado 11 de mayo Patricia Ramírez ofreció una rueda de prensa en Almería en la que anunció la presentación de diversas que querellas judiciales por un posible delito de cohecho por entrevistas en la cárcel que “presuntamente bordean la legalidad” a Ana Julia Quezada, asesina del menor, para su inclusión en un documental sobre el caso de su hijo.

Desde el Ministerio del Interior manifestaron entonces su solidaridad con esa mujer y mostraron su disposición a colaborar con la Justicia para atender cualquier requerimiento que pueda derivarse de las acciones legales que emprendiera.