El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha apercibido al alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (Cs), con posibles actuaciones penales si no cumple la sentencia que obliga al Ayuntamiento a clasificar como no urbanizable el paraje de 'El Algarrobico'.

Tras el último requerimiento de Greenpeace para que se cumpla este fallo, el TSJA ha dictado un nuevo auto en el que concede al Ayuntamiento un plazo de diez días para aportar una certificación del "contenido del instrumento de planeamiento vigente en aquello que sea expresivo del debido cumplimiento de la sentencia".

Hace al alcalde la "expresa advertencia" de que, de persistir en el incumplimiento del requerimiento y no expresar las razones por las que no pueda ser atendido, se dará cuenta al Ministerio Fiscal por si los hechos pudieran dar lugar a responsabilidad penal por un delito de desobediencia.

Greenpeace solicitó al TSJA que obligase al Ayuntamiento de Carboneras a cumplir la sentencia por la que tiene que clasificar como no urbanizable el paraje de 'El Algarrobico' en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.

"El Algarrobico y El Canillar sigue siendo urbanizables a pesar de que debieron de clasificarse como espacio protegido hace 30 años. Llevamos tres años de tramitación de la presente pieza y estamos exactamente igual que en 2021, no se ha dado cumplimiento a la sentencia (...) por lo que procede su ejecución forzosa", indicaba el colectivo.

Las organizaciones ecologistas habían presentado un recurso de reforma contra un auto previo del TSJA que desestimó la solicitud de imponer una multa coercitiva de 700 euros cada veinte días al alcalde de Carboneras -en la actualidad Salvador Hernández (Cs)- hasta que se cumpliese dicha sentencia.

Los ecologistas sostenían que el único impedimento para cumplir la sentencia han sido las "innumerables evasivas municipales para llevar a término lo ordenado" por el TSJA, y que "la última maniobra ha sido el acuerdo plenario de fecha 26 de abril de 2023 que fue anulado" por el alto tribunal "precisamente por no dar exacto cumplimiento" al fallo.

Sin embargo, el TSJA desestimó el recurso, lo que no evita que finalmente reclamase al consistorio la certificación que acredite que ha cumplido el fallo.

Este tribunal ya apuntó que se ha declarado la nulidad "solo" de la parte resolutiva del acuerdo plenario para desclasificar los terrenos donde se levantó el polémico hotel de Azata del Sol, y no de la "mera actuación formal" del Ayuntamiento en el PGOU "realizada a propósito de la sentencia".

Según explicó Greenpeace, en abril de 2023, transcurridos siete años desde que se dictó la sentencia y tras reiteradas peticiones de la organización ante la inactividad del consistorio, el TSJA apercibía al entonces alcalde, José Luis Amérigo (PSOE), con la imposición de una multa de la misma cuantía hasta que se produjese el cumplimiento de la sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en 2018.

La multa quedó suspendida tras la celebración de un pleno municipal en abril del año pasado, denunciado por Greenpeace y la Junta de Andalucía al interpretar que era una nueva maniobra dilatoria para eludir la modificación del PGOU.

El pasado 1 de marzo, el TSJA daba la razón a ambas entidades y dictaba un auto que anuló el acuerdo del pleno de la localidad almeriense, donde se asienta el hotel, un acuerdo que "simulaba cumplir la citada sentencia" por lo que Greenpeace volvió a solicitar la misma multa hasta que se cumpla la totalidad de la sentencia.