El Área de Hacienda de la Diputación Provincial de Almería ha tramitado expedientes por un importe que asciende a alrededor de 1,6 millones de euros en el marco del Plan de Actuación frente a grandes deudores.
Así lo ha revelado el diputado provincial de Hacienda, Manuel Alías, quien se ha mostrado satisfecho por el resultado que se está obteniendo en las actuaciones que se están llevando a cabo en los municipios que tienen delegadas las competencias de recaudación, gestión e ingresos derecho público en la institución.
Asimismo, el diputado ha indicado que parte de estos expedientes también revertirán en la Junta de Andalucía ya que la institución provincial se hace cargo de la gestión recaudatoria en vía ejecutiva del Gobierno Andaluz.
En total, durante esta primera fase del Plan de Actuación frente a Grandes Deudores se ha actuado en siete municipios de la provincia que están ubicados en las comarcas de Poniente y Levante almeriense. La mayoría de los casos se refiere a deudas acumuladas de impuestos como el IAE; IBI; Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica; y plusvalías.
"En total los expedientes que hemos tramitado para los municipios de la provincia en esta primera fase del PAGE van a suponer unos ingresos de 1.053.342,47 euros", ha detallado.
Alías ha destacado la "buena predisposición de pago" que se está dando entre los deudores que han sido objeto de inspección, ya que la inmensa mayoría han solicitado el fraccionamiento o el abono de las cantidades adeudadas.
Por otro lado, ha detallado que las actuaciones que se han llevado para la Junta de Andalucía suponen un total de 115 expedientes tramitados en dos municipios del Levante y que importan 574.321,93 euros. "Estas deudas suelen ser de importes mayores porque generalmente son del Impuesto de Transmisiones, sanciones y reintegro de subvenciones".
Al hilo de esto, ha hecho referencia a este plan como un ejercicio de "justicia social y tributaria" ya que "los grandes deudores que no cumplen con sus obligaciones impiden que se cumplan unos servicios que sí pagan el resto de la ciudadanía y de los que ellos también se benefician sin pagarlos".
"La actividad de control genera importantes beneficios a la sociedad, al garantizar la generalidad en el pago de los impuestos y la distribución equitativa de las cargas públicas de acuerdo con la capacidad contributiva de cada ciudadano, se minora así la presión fiscal individual, ya que son más los que contribuyen a sustentar las arcas de los ayuntamientos", ha concluido.
